Encrucijada por las curules

Desesperadamente el gobierno nacional busca una salida jurídica para definir el futuro de las curules correspondientes a las 16 circunscripciones especiales, pactadas en el Acuerdo Renegociado de Paz. Algunos sectores políticos que lo han venido acompañando desde hace 7 años en la Unidad Nacional, decidieron separarse, torpedeando dicha iniciativa gubernamental. Un ala del partido conservador y de cambio radical, se unieron al sector del Centro Democrático, logrando crear un limbo jurídico en el Senado. El presidente de la corporación, Efraín Cepeda, ha sido reiterativo de que no trasladará la Ley para su respectiva sanción presidencial, así un fallo de tutela proferido por un Juez de la República haya dictaminado tal decisión. Y para remate, como dicen los expertos leguleyos, el Alto Tribunal mediante una votación de 6 a 2, determinó que todavía no puede pronunciarse sobre el acto legislativo que crea estas curules, porque aún no está promulgado como ley. La Corte Constitucional de Colombia es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Para tal efecto, ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de todo el articulado que la compone y por tal motivo la debemos acatar, así esté estipulado la creación de las mismas, en los Acuerdos de la Habana. Los voceros de las Farc deben comprender que una vez sucedido su reingreso a la civilidad colombiana, deben estar sujetos a la normatividad que rige al país, porque somos un Estado Social de Derecho.

Los colombianos seguiremos espectadores de estos tortuosos trámites, en que se han convertido este proceso que buscan en el fondo asegurarles la participación política en las próximas contiendas electorales que se nos avecinan durante el próximo año. Además, este órgano ha expresado que el trámite del Fast Track determinó que solo habrá control constitucional automático después de la entrada en vigor de las normas y que todavía ese trámite no se ha cumplido. Algunos expertos constitucionalistas, han expresado que, hundido el acto legislativo de circunscripciones de paz, la única fórmula que podría salvar esta iniciativa gubernamental, es que el ejecutivo la presente nuevamente en las sesiones del próximo 20 de julio para que las víctimas del conflicto obtengan curules en el Congreso a través de un referendo popular, lo cual es incierto, dados los antecedentes del resultado electoral presentado en el Plebiscito que se desarrolló en el mes de octubre del año anterior. Así como están las cosas, seguiremos en medio de la incertidumbre por la que atraviesan las víctimas del conflicto armado, por no saber si tendrán o no representación en el Congreso a partir del 20 de julio del próximo año, mientras las tres ramas del poder público siguen enfrentadas en un asunto que parece ser más “leguleyo” que serio.