El testimonio del patrullero Zúñiga Valencia
Por María del Carmen Jiménez
Gallardía, coraje y humanismo reflejan el testimonio de este patrullero que se negó a participar en el desalojo de un grupo de familias campesinas en la zona rural de Cali. Tiene claro que su misión en esa institución es valorar y respetar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. En el video que se viralizó, el patrullero planteó: “Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo con ellos…No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación. Están abusando de sus derechos humanos “. Se dolía de la injusticia y del desamparo a las que estaban sometidas esas personas y de esa orden de desalojo en plena cuarentena, violando incluso el decreto presidencial que lo prohíbe en esta época de pandemia.
Cabe anotar que la vivienda es un derecho fundamental, consignado en nuestra Carta Magna, pero el Estado es incapaz de garantizarlo como tantos otros. Para la Justicia Penal Militar, la defensa de la dignidad y los Derechos Humanos, máxime en esta coyuntura del COVID 19 que padece la humanidad, no son razones suficientes que puedan justificar la actitud ejemplar del patrullero, a quien anunciaron procesar disciplinariamente por desacatar esta orden. Es increíble que en nuestro Estado Social de Derecho tenga mayor prevalencia la propiedad privada, sobre los derechos de primera generación como son la vida, las libertades, entre ellas la objeción de conciencia.
La valerosa actitud de Ángel Zúñiga, patrullero caucano, puso en evidencia sus principios, valores humanos y no podía actuar en contra de ellos y su conciencia. Por eso se opuso a la arbitrariedad y respetó los derechos de la gente.
Lamentablemente la práctica de los desalojos forzosos son el pan de cada día en Colombia tanto en el área urbana como rural. Constituyen una violación grave de los Derechos Humanos, en particular el derecho a tener una vivienda adecuada. A través de la fuerza y coacción, como lo denunció el patrullero en referencia, destruyen irreparablemente las casas y los pequeños cultivos de los afectados.
El costo humano de los desalojos es elevado, razón por la cual se debería analizar toda justificación de los mismos desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Las mujeres, los niños, los jóvenes. los pueblos indígenas, las minorías étnicas raciales y los grupos sociales de bajos ingresos tienden a ser víctimas de esta práctica fuera de toda proporción.
Las personas no solo pierden su hogar y su vecindario en los que han invertido buena parte de sus ingresos a lo largo de los años, sino también se ven obligadas a abandonar sus objetos personales cuando las excavadoras y equipos de demolición destruyen su asentamiento sin previo aviso. Los desalojados también pierden las relaciones mutuas que sirven de red de protección o supervivencia, se les multiplica la pobreza, los traumas físicos, psíquicos y emocionales. Ojalá en la institución policial existieran muchos patrulleros como Zúñiga.
