El show de la Fiscalía General en el caso de los concejales
Poco se entiende el show que armo la Fiscalía por la elección del contralor y personera de Neiva al vincular a los dos funcionarios, nueve concejales, un diputado, un empresario y un excontratista de la USCO. Las presuntas irregularidades de las cuales se les acusó y se les privó de la libertad fueron supuestamente la razón de peso que esgrimió el ente acusador para tal decisión. Muchos se atrevieron a calificar y a condenar a los investigados sin esperar la decisión final del fallo en su etapa preliminar. Como casi siempre sucede este tipo de investigaciones resultó ser más un espectáculo porque las mayoría salió libre y otros con detención domiciliaria. Lo que personas del común nos preguntamos es: ¿por qué la Fiscalía antes de proceder a detener a las personas no adelantó las investigaciones del caso que les permitiera emitir la orden de captura y no todo lo contrario?
Lo cierto es que salvo las detenciones intramuros y las domiciliarias los demás quedaron libres, aunque la investigación siga, el daño causado a quienes se le detuvo y quedaron señalados como cómplices del entramado ahora quien les va a reparar por los efectos causados de unas imputaciones que si bien hubo pruebas no fueron lo suficientemente argumentadas para que fueran detenidos. Estas situaciones si bien son difíciles para las personas, familias y su entorno por las acusaciones e indicios y la forma mediática como son impartidas las ordenes de captura, pero que al final nunca resultan teniendo el acervo probatorio para llevar a la cárcel a todos los implicados.
Las investigaciones y acusaciones adelantadas por la Fiscalía General, en cuanto al castigo de los grandes delitos que aqueja a la sociedad colombiana no muestran una gran eficacia. En los casos de los crímenes de Estado o en los de lesa humanidad, desplazamiento, desaparición forzada, secuestros, asesinatos entre otros, han pasado décadas sin encontrar los verdaderos autores intelectuales y materiales. Serán la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad las que esclarezcan estos hechos porque el ente investigador fue incapaz de esclarecer estos hechos. En los delitos contra la corrupción sucede más o menos lo mismo. Muchos de ellos terminan en total impunidad y algunos implicados señalados de cómplices quedan en libertad. No hay derecho para que a una persona que se le investigue, acuse y prive de la libertad para que después los jueces encuentren que las pruebas no son lo suficientemente contundentes para un proceso probatorio que lleve a la imputación de los cargos.
Colombia necesita una Fiscalía menos política y más técnica con la capacidad de actuar en todos los campos de la investigación y se convierta en el verdadero soporte de la legitimidad y genere la confianza hacia los ciudadanos de ser un organismo imparcial, transparente y envestido de los poderes necesarios para investigar todos los delitos que puedan infringir los colombianos. Ojalá la carrera para ocupar el cargo de fiscal, deje de ser un cargo nominado por la Presidencia de la República.
