El primer año de la JEP
La Justicia Especial para la Paz cumple su primer año de actividades. Este sistema especial de justicia fue incorporado a la constitución como el mecanismo que habría de garantizar verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, en el marco jurídico conceptual de justicia restaurativa; dirigido a resolver las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario causadas durante el conflicto armado interno.
Fue éste el aspecto del acuerdo más difícil de alcanzar en el proceso de la Habana pues representaba un punto de honor para las Farc, a cambio de la entrega de armas y su desmovilización que permitiera su reincorporación a la vida civil, así como su consecuente conversión en partido político.
Cabe recordar la famosa frase con la cual el presidente Santos y De la Calle justificaban dicho acuerdo al afirmar que era preferible que las Farc “ hecharan discursos en vez de balas “.
El de la JEP y de las curules gratis para garantizar la participación política de las Farc, fueron los aspectos que determinaron el resultado del NO en el plebiscito, hecho que, sin duda alguna, le ha otorgado la evidente falta de legitimidad política al Acuerdo de Paz; causante a su vez, de la degradada polarización ideológica entre izquierda y derecha, camuflada entre amigos de la paz y amigos de la guerra.
Es indiscutible que tal polarización definió la elección del presidente Duque frente a Petro, la cual se ha mantenido como instrumento político para justificar la dura oposición que enfrenta su gobierno, auspiciada también por la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso.
El balance presentado por la presidenta de la JEP indica que en éste primer año de labores se ha logrado estructurar un paquete de 5 casos emblemáticos que reflejan la crudeza del conflicto; se ha formalizado el registro de 33 mil víctimas y el acogimiento al sistema de un poco más de 11 mil presuntos victimarios, de los cuales, más de 9 mil son excombatientes de las Farc; cerca de mil quinientos de agentes del Estado; y el resto, los denominados terceros civiles involucrados en el conflicto.
Tales cifras permiten establecer varias cosas. La primera y más importante, que muchas de las víctimas aún no han confiado en el sistema, pues siempre se estableció como justificación del mismo que el número de éstas sobrepasa los 7 millones, más ansiosos de saber la verdad de lo ocurrido que inspirados en su necesidad de justicia.
No obstante que su duración prevista es de 15 años prorrogables; los órganos y tribunales en que se ha estructurado su organización interna y sus respectivas competencias, no garantiza una eficacia mayor a la que ofrece el sistema ordinario pues su normatividad constituye un verdadero galimatías judicial.
Aunque algunos no lo consideren importante, el costo presupuestal del sistema tiene alto impacto fiscal que incidirá negativamente en incrementar la impunidad actual del sistema penal ordinario y de la insostenible congestión, morosidad, corrupción y mala calidad del sistema en las otras jurisdicciones.
Con éste oscuro panorama se “ celebra “ el primer aniversario de la JEP. Lo que ocurra con el caso Santrich y con los desertores como Márques, el paisa, etc, definirá la credibilidad del sistema y del Acuerdo de Paz. Existe además una evidente frustración porque el Presidente Duque ofreció posturas claras y enérgicas al respecto y lo que se observa es una preocupante pasividad de su gobierno.
