El nuevo examen de Estado para abogados

El Congreso de la República está a punto de culminar el trámite legislativo que crea un examen de Estado para los abogados que egresan de las universidades.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, la medida se tomó debido a varios factores. En primer lugar, el reconocido riesgo social que tiene la graduación de profesionales que no cuenten con un nivel académico suficiente para ejercer tan delicada misión.

En segundo lugar, las altas cifras que arrojan las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura sobre abogados procesados por faltas a la ética profesional. Según los datos entregados, de 1992 a 2016 se han sancionado 114.060 profesionales, de los cuales 23.069 ejercían como litigantes y 4.462 como funcionarios públicos. En los últimos años (2015 a 2017), la cifra supera los mil reprendidos por año por faltas a la ética.

Y una tercera causa que, si bien no está explícita en la reglamentación, se podría deducir del contenido del proyecto: el control a la abrumadora proliferación de programas de derecho. Según el sistema SNIES de la plataforma del MinEducación, se contabilizan 187 programas activos. Es por ello que Colombia sigue siendo uno de los países con más abogados por habitante: 437 por cada 100 mil habitantes. Japón o Francia tienen 100 profesionales del derecho por cada 100 mil habitantes.

Para contrarrestar esta cifra en aumento, el proyecto consagra la obligación de presentar una prueba de Estado por todos los egresados de los programas de derecho. Si no la aprueban, no pueden acceder a la tarjeta profesional que les permita ejercer la profesión. Y si al menos el 33% de los estudiantes de una institución de educación superior que presenten el examen de Estado no supera la media nacional, el Ministerio de Educación impondrá medidas preventivas establecidas en la Ley 1740 de 2014, que pueden ir desde la adopción de planes de mejoramiento hasta la suspensión del programa.

Esta nueva reglamentación será un filtro que puede redundar en mejoras en la calidad de los nuevos abogados, pero no necesariamente en el aspecto ético y moral de los profesionales, pues la ética no se mide con exámenes. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).