El nuevo estilo

Se confirmó nuestra apreciación del grave daño que le causaría el Ministro Carrasquilla a la imagen del Presidente Iván Duque, con la medición recientemente conocida, en la cual aparece con un descenso de 26 puntos en la aprobación de su gestión. Se debe este resultado básicamente, sin lugar a dudas, a la insistencia del Ministro en gravar con el IVA a la canasta familiar, pero tenemos la absoluta certeza de la negativa del Congreso de aprobar semejante despropósito.

El Ministro de Vivienda Jonathan Malagón rechazo igualmente, con argumentos muy sólidos, el gravamen a los materiales de construcción, lo cual representaría un duro golpe a ese sector, en detrimento especial de la vivienda de interés social, y de la economía nacional.

Se han ventilado ya otras alternativas para obtener los recursos que necesita el país para taponar el déficit presupuestal del año 2019, aunque parece que no es de la dimensión que han señalado los técnicos del Ministerio de Hacienda.

Se afirma que la actual evasión fiscal se atenuaría en buena parte, con la implementación de la factura electrónica en todos los establecimientos a partir del 1 de enero de 2019, la cual, por si sola podría suplir el actual desfase presupuestal.

No podemos tampoco estar de acuerdo con la sustancial rebaja que se pretende de los impuestos a los sectores más pudientes de la economía, mientras se solicita gravar a las clases populares y a la clase media.

El presidente Iván Duque deberá tomar las riendas del manejo de la economía, antes de que sea demasiado tarde, para recuperar la deteriorada confianza de los colombianos.

Debemos reconocer el esfuerzo grande del Presidente Duque por cambiar la funesta practica de “la mermelada” en los poderes legislativos y judicial, la cual prácticamente elimino la división de los mismos.

Paradójicamente, el rechazo generalizado del Congreso al gravamen de la canasta familiar y a otros sectores, es fruto de la recuperación de la independencia del órgano legislativo. Ya se acabó, afortunadamente, “la aplanadora” que se implementó en el gobierno anterior, conformada por los partidos que constituían la mal llamada “Unidad Nacional”, e igual sucedía en las Cortes. Se acabaron las ponencias de los proyectos en el Congreso elaboradas por los “técnicos” del gobierno, y las sentencias judiciales a la medida y al acomodo del gobernante.