El gobierno de los jueces
Soy consciente de que el título del comentario podrá ser cuestionado por algunos de los amables lectores, al considerar que no es válido para ningún demócrata desconocer los cimientos del Estado Social de Derecho ni discutir las decisiones judiciales.
No obstante, también es necesario precisar que la esencia de la democracia reside precisamente en la posibilidad de disentir, siempre y cuando se haga con respeto y sobre todo con argumentos. En relación con las decisiones judiciales, también conviene precisar que se respetan y se acatan, pero al mismo tiempo son susceptibles de censura cuando se considere que no se corresponden con los principios de justicia y equidad o cuando la interpretación del texto normativo se hace de manera caprichosa e insuficiente.
Es precisamente lo que acaba de ocurrir con la decisión anunciada por la presidenta de la C. Constitucional, siguiendo la pésima costumbre de anunciar el fallo y publicarlo meses después. El argumento principal y al parecer único se refiere a que la mayoría absoluta en el Senado para decidir el hundimiento de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, si era de 47 votos, contrariando expresamente el texto constitucional especial del artículo 153 que señala la mayoría en 52, es decir la mitad más uno de sus miembros.
Esto nos recuerda la expresión conocida como “ el gobierno de los jueces “ que tuvo su origen en los doctrinantes del derecho francés a principios del siglo 20, cuando las democracias modernas empezaron a privilegiar la función interpretativa de las disposiciones y principios constitucionales, como una manera de equilibrar los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder entre las conocidas tres ramas del poder público.
Ello dio lugar a expresiones como “ la politización de la justicia” que describe el grado de intervención de los diversos intereses políticos en el sistema judicial; y “ la judicialización de la política”, que señala el uso de la justicia como elemento perturbador de la política.
La Constituyente del 91 creo la Corte Constitucional reemplazando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Creó también el Consejo Superior de la Judicatura como organismo encargado de administrar el sistema judicial y reemplazó la Instrucción Criminal por la Fiscalía General de la Nación.
Tales innovaciones han generado diversas tensiones y choques entre las llamadas altas cortes, especialmente en relación con la Tutela; mecanismo a través de la cual se protegen los derechos fundamentales; tensiones que han generado inseguridad jurídica e incrementado la congestión y morosidad del sistema judicial pues los procesos demoran hasta 8 y 10 años.
En relación con la investigación, acusación y juzgamiento penal a cargo de la Fiscalía y de los jueces; se han disparado los niveles de impunidad por graves errores en las medidas de aseguramiento; el cartel de falsos testigos; los principios de oportunidad; las condenas irrisorias; la reclusión en pabellones especiales para delincuentes de cuello blanco; y el conocido Cartel de la Toga; hechos y elementos que han terminado por generar el más alto grado de desconfianza en la justicia.
Volviendo al tema del “ gobierno de los jueces”, las decisiones casi simultáneas conocidas ayer sobre la novela de Santrich han generado indignación, pues se trata de evidencias contundentes obtenidas por la cooperación judicial internacional relacionadas con el narcotráfico, las cuales son objeto de extradición. Con ellas se ha desconocido el bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Carta.
Tales decisiones simultáneas permiten sugerir que ahora el personaje ocupará su curul en el Congreso; haciendo más difícil o hasta imposible su extradición.
Las objeciones formuladas por inconveniencia son de carácter eminentemente político, las que al ser negadas por el Congreso y avalada tal decisión por la Corte; permiten presumir que estamos desvelando la perversa alianza de esas dos ramas del poder contra el ejecutivo; abocados al “gobierno de los jueces”; y a algo aún peor; ante la amenaza de una dictadura judicial.
