El fiscal y Santrich
La no extradición y consecuente libertad de Santrich le permitirá asumir su curul en la Cámara mientras que al Fiscal Martínez tal decisión de la JEP le obligó a renunciar de manera irrevocable.
Queda así demostrada la peligrosa dualidad que para el sistema judicial significa tener en un Estado de Derecho dos jurisdicciones paralelas. La motivación de la Sala de Revisión, se fundamentó en que el pedido de extradición no tenía sustento probatorio que le permitiera establecer con certeza la fecha en que se cometió el delito de narcotráfico. Por su parte, la renuncia del Fiscal se sustenta en que las pruebas aportadas para determinar la fecha son contundentes, razón por la cual, es inadmisible que, so pretexto de la paz, se confronte de tal manera a la Constitución y se produzca un ataque frontal al ordenamiento jurídico.
Queda claro entonces que para la JEP el acuerdo de la Habana está aún por encima del tratado de cooperación internacional suscrito con los EU el cual está incorporado en el Código de Procedimiento Penal. Como lo afirma con razón el Fiscal, con éste peligroso precedente se restringe la figura de la extradición que ha sido instrumento eficaz para combatir el narcotráfico.
De otra parte, la frontera legal de las dos jurisdicciones queda en el limbo para investigar y sancionar por la justicia ordinaria los delitos de secuestro y extorsión que, entre otros, eventualmente sean cometidos por los desmovilizados de las Farc.
Sin duda la incautación de los billonarios bienes de las Farc que la Fiscalía ha realizado; las evidencias sobre los abusos sexuales de menores reclutados; y la captura de Santrich; entre otros no menos significativos, han sido los hechos determinantes del epílogo que hoy conocemos.
Tiene razón el Fiscal cuando afirma que se ha hecho trizas el acuerdo de cooperación judicial con la justicia norteamericana, acontecimiento que debilitará la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico y la minería criminal que sin duda son los dos combustibles del conflicto que pretendió superar, sin lograrlo, el Acuerdo de Paz.
La campaña sistemática de desprestigio que las fuerzas políticas de la oposición emprendieron contra el Fiscal desde el inicio de su gestión, tenía el indudable propósito de restarle credibilidad a sus firmes posturas críticas sobre aspectos esenciales de la Ley Estatutaria de la JEP, las que precisamente fueron acogidas por el presidente Duque para sustentar las objeciones por inconveniencia.
Ya quedó abierta la puerta para que la Corte hunda de manera definitiva tales objeciones y el presidente se obligue a sancionar la ley, para que la JEP adquiera la patente de corso que le permita cumplir sus objetivos estratégicos bien conocidos.
Entramos así al escenario en el que las ramas legislativa y judicial, ésta última liderada por la JEP, afianzan su alianza estratégica para bloquear al gobierno Duque, con la complicidad y beneplácito de Santos, Gaviria, Vargas Lleras, Samper y algunos conservadores, haciéndole el juego a la izquierda liderada por Petro, cuyo propósito anunció desde la noche en que fue derrotado en franca lid.
Paros, marchas, mingas, protestas sociales contra la minería y la explotación petrolera; violencia rural e inseguridad urbana; serán las estrategias predilectas para fomentar la anarquía, el caos y la desestabilización de la democracia.
Desoído el llamado al Pacto por Colombia que de buena fe propuso el Presidente Duque, tendrá que demostrar su liderazgo constructivo para unir a los colombianos por encima de ideologismos y polarización política para evitar la hecatombe que se avizora.
COLETILLA. Se observa la unidad conservadora en torno a Chavarro pegada con babas. Se percibe desbandada hacia el candidato del uribismo.
