El Fiscal General y Odebrecht
Las actuaciones del entonces abogado Néstor Humberto Martínez como asesor de Corficolombiana, entidad perteneciente al poderoso Grupo Aval, dejan serias dudas acerca de su imparcialidad en el bochornoso escándalo de corrupción de Odebrecht.
El asunto se ha venido complicando seriamente con la muerte de Jorge Enrique Pizano, pues en su condición de “controller” o auditor del controvertido contrato firmado entre Corficolombiana y Odebrecht, denunció presuntas irregularidades al abogado Martínez Neira, quien al parecer no hizo la respectiva denuncia y ahora como Fiscal se pone en duda su imparcialidad en su papel de máximo jefe de la poderosa Fiscalía.
Los documentos y grabaciones hechos públicos por Noticias Uno y El Espectador, muestran que Pizano, detectó más de $ 30 millones de dólares en pagos por parte del consorcio para consultorías inexistentes. Incluso el prestigioso diario británico The Economist dedicó un reportaje a este caso de corrupción, poniendo en entredicho la imparcialidad de Martínez, denunciando sus nexos con la clase política y aseverando la existencia de sobornos a políticos colombianos.
La muerte con cianuro del hijo de Pizano enreda aún más el panorama y despierta muchos interrogantes entre la opinión pública. ¿El veneno iba dirigido al ex empleado del grupo Aval? ¿Su muerte fue natural o podría haber manos criminales? ¿Su desaparición truncó un eventual acuerdo con los Estados Unidos para poner al descubierto esa red de corrupción? ¿Qué tan enterado estaba Martínez Neira de las maniobras de Odebrecht?
El Fiscal ha negado ante los medios de comunicación que desconocía la existencia de actuaciones ilegales como para ponerla en conocimiento de las autoridades. ¿Será cierta esta afirmación?
Este oscuro episodio le resta credibilidad al máximo jefe del organismo investigador de Colombia, quien como la mujer del César, no solo debe ser impoluto sino parecerlo.
Le queda el reto a la Fiscalía de demostrar su imparcialidad y el rigor en su trabajo investigativo, para desenmascarar los protagonistas del más grande caso de corrupción de Latinoamérica.
(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
