El escabroso peritazgo de Lara

No me sorprende el juicio disciplinario al que acaba de  ser llamado por la   Procuraduría General de la Nación el alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez, junto con cuatro de sus más inmediatos funcionarios.

Se veía venir, y se esperan más, porque hay muchas denuncias de sospechados procesos en torno a su injerencia para beneficiarse en las investigaciones a las paralizadas obras del estadio Guillermo Plazas Alcid.

Lo investigan por el contrato de peritazgo 0490  de 2017 a las obras del estadio, adjudicado de manera directa y sin ningún empacho a la empresa Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, luego del accidente ocurrido cuando fundían una plancha en el que murieron 4 trabajadores.

Repito, que no me sorprende, porque ya lo había denunciado en esta columna, se trata de la misma firma de Armenia, Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, que de manera irresponsable envió una comisión liderada por un falso topógrafo para que adelantara el delicado trabajo de campo dentro del mencionado peritazgo.

Inicialmente, según la Procuraduría, Lara Sánchez, entregó el contrato “a dedo”, “a pesar de que el objeto y el alcance del mismo hacía necesario que se realizara un concurso público de méritos para escoger al contratista”.

Según la denuncia, el estudio de peritazgo contratado por el alcalde Lara solo tuvo en cuenta la información que suministró el municipio, o sea la del alcalde, sin presencia de funcionarios de la  fiscalía, ni del contratista de la obra, inclusive ni de la supervisión del municipio.

Un asunto sospechoso,  toda vez que  el propósito de Lara era sancionar y declarar a como diera lugar la caducidad del contrato de obra pública No. 1.758 suscrito por el anterior alcalde con el Consorcio 2014.

Bueno recordar que la gradería que fundían era precisamente la contratada por el alcalde Lara, mediante adicional 003 del contrato 1.758 de 2014, suscrito el 19 de febrero de 2016 por 7.249 millones, aunque en un principio Lara lo negó y regañaba a los periodistas que le preguntaban, cuyo fin se notaba era atribuirle siempre la responsabilidad de la desgracia a su antecesor Pedro Suarez. De repeso el último estudio de la Universidad Nacional, determinó el desmonte de la cubierta contratada también por Lara.

El investigado alcalde, siempre invocó la caducidad en sus intervenciones públicas y privadas, e invocaba que se ordenara la demolición total de las obras construidas en el estadio, quien sabe cuál era su interés.

El Contrato de peritazgo 0490 fue suscrito el día 9 de marzo de 2017 y el jueves 30 del mismo mes se suscribió el acta de reunión en el estadio Guillermo Plazas Alcid, entre Carlos Peña, identificado con C.C. No. 14.236.022 Exp. en Ibagué, en calidad de topógrafo, Mario Parra, C.C. No. 3.619. 608 de Sonsón y Luis Serrano, C.C. 6.891. 581 Exp. en Montería, en calidad de cadeneros, funcionarios de Ingeniería Sísmica y Estructural SAS y firman además la ingeniera María del Pilar Trujillo, Líder del programa de infraestructura de la alcaldía, ingeniero Armando Albarracín Palomino, profesional especializado supervisor del contrato 0490, Rosmi Sonia Durán Rey y Pamela Almario, apoderada del Consorcio estadio 2014 y su asistente administrativa, respectivamente.

El objeto era entregar a la mencionada comisión de Sísmica y Estructural SAS el estadio para que adelantara los estudios conforme al contrato referido.

La sorpresa fue mayor cuando El Consejo Nacional de la Topografía CPNT aseguró que la licencia a nombre Carlos Humberto Peña Suarez, C.C 14.236.022 no fue expedida por esa institución y que había iniciado un proceso por presunta falsedad de documento.

Luz Mary Losada Calderón, de la Universidad Distrital, indicó que tampoco registra estudio de ingeniería topográfica en esa institución.

Una vez lo denuncié en esta columna,  el alcalde Para negar este hecho, publicó posteriormente el nombre de otro topógrafo Carlos Arturo Saraza Carreño, de quien no se tiene aún documento alguno que certifique su presencia física en el estadio, realizando alguna labor.

Como de esperarse el proceso, concluyó con la declaración de la caducidad  del contrato de remodelación del estadio que está en un 92% a un costo de 23 mil 500 millones de pesos.

No obstante, la falsedad de la identidad de los funcionarios de Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, podría ser uno de las pruebas para que más tarde sea declarada ilegal y abusiva la declaratoria de caducidad decretada por el alcalde Ad Hoc.

Pertinente aclarar que  el mismo alcalde logró que el Ministerio del Interior nombrara como alcalde Ad Hoc para los asuntos exclusivos de este asunto a su propio secretario Jurídico Richard Vargas Barrera, lo que no ha sido bien  visto desde el  punto de vista ético. O sea el mismo funcionario con doble identidad investiga, juzga y sanciona, que bueno.

Ya vendrán más investigaciones disciplinarias por la actuación del alcalde Rodrigo Armando Lara Sánchez.

Recalcar que curiosamente María Teresa Flórez, representante legal de Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, ni siquiera es ingeniera civil, lo que le merma peso a  su empresa como examinadora de una obra de tanta envergadura e importancia para el Huila.