El desajuste del derecho frente a los cambios sociales

En 1975 el jurista chileno Eduardo Novoa Monreal publicó una célebre obra jurídica titulada “El derecho como obstáculo al cambio social”, en el que detalla los conflictos a los que se enfrenta esta ciencia. Describe entre otros, la desconexión con la realidad, la lentitud y el distanciamiento con los problemas nacionales y, sobre todo, el desajuste de la ley escrita por el transcurso del tiempo.

Estas dificultades están continuamente presentes en el ordenamiento jurídico colombiano, en donde se verifican todo tipo de normas que quedan petrificadas y no responden a las inmensas y continuas transformaciones sociales.

Un buen ejemplo se constata con el proyecto de ley que acaba de ser presentado por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de algunos alcaldes de capitales de departamento, que pretende enfrentar nuevas modalidades delictivas que no pueden ser combatidas con el actual Código Penal.

Es el caso del “Sexting” (contracción de “sex” y “texting”), que consiste en el envío de mensajes eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. La divulgación de fotos o videos íntimos, sin autorización del afectado, se ha venido denunciando desde hace varios años, pero a la justicia le han faltado herramientas para actuar en virtud de los vacíos normativos, lo cual vulnera derechos fundamentales de los perjudicados (principalmente mujeres), como la honra o la intimidad sexual.

El mismo proyecto crea normas para combatir el grave problema del microtráfico y su exponencial aumento, debido a la grieta abierta por la jurisprudencia de la Corte Suprema, que reinterpretó la aplicación normativa sobre el porte de la dosis personal de estupefacientes, la cual puede ser muy superior a la establecida por la normatividad cuando el portador prueba que es para su propio consumo.

Los vacíos normativos por la petrificación de la ley demuestran que el derecho se adecua muy lentamente a los cambios sociales, lo que genera escepticismo y desilusión del ciudadano frente a la función del Estado en la búsqueda de la justicia. El reto es grande, sobre todo cuando el Congreso tiene otras prioridades en su agenda legislativa.

(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).