El derroche de la consulta liberal
La debilidad institucional que vive el país se ha incrementado por la fragmentación de los partidos y con ello, la creación de pequeñas empresas electorales que solo buscan el poder para satisfacer sus intereses personales y no para dar solución a los problemas estructurales del Estado. Estos feudos electorales, liderados por una clase dirigente desprestigiada que no representa a las nuevas generaciones, se han convertido en asociaciones de intereses particulares, en vez de plataformas alternativas de cara a las soluciones sociales en el país.
Fiel reflejo del desprestigio de los partidos y de su poca conciencia con lo público se dio esta semana con la aprobación de la controvertida consulta liberal que nos costará a los contribuyentes, la no despreciable suma de 40 mil millones de pesos, solo para escoger un candidato –entre dos aspirantes- que se presentará a las elecciones presidenciales del 2018.
Si bien la democracia participativa que propugna la Constitución Política de 1991 implica altísimos costos para el Estado, las consultas de partidos no tienen actualmente ninguna justificación, teniendo en cuenta el gran déficit fiscal y los enormes impuestos que nos agobian y que no son suficientes para atender los gastos del Estado.
Esta enorme cifra -que había podido ser mayor- es una de las peores formas de tirar la plata del Estado, teniendo en cuenta que se podría hacer uso de otro mecanismo menos oneroso para evitar cargar todo ese peso en las debilitadas arcas del Estado.
Suficiente tiene el país con las venas rotas de la corrupción, el despilfarro en contratos mal hechos, los exorbitantes salarios de los congresistas y altos dignatarios del Estado, como para que los mismos partidos cohonesten con este derroche inútil de dinero. En eso se invertirá el último ajuste fiscal que estamos pagando todos los colombianos.
Frente a este despilfarro, se hace urgente una modificación de la Ley 1475 de 2011 que obliga al Estado a sufragar este tipo de consultas inútiles que en nada beneficia al ciudadano común. Sin embargo, es poco probable que esa misma clase política cambie lo actualmente vigente. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
