El daño social causado por la corrupción

El hastío que viene sufriendo el ciudadano del común con el escándalo de Odebrecht y la inacción del Estado para desenmascarar sus tentáculos, viene a reforzar el gran daño social que la corrupción ha causado en la sociedad colombiana al punto que su reparación se torna muy difícil.                                                                                            

Debe entenderse como “daño social” el menoscabo, afectación o detrimento del bienestar colectivo generado por los actos de corrupción de agentes del Estado o de particulares que involucran a servidores públicos.

Los antivalores que delinean dicha degradación social han tomado tanta formas y modalidades, que cada vez el asombro es menor ante nuevos escándalos que involucran nuevos funcionarios del Estado. La dádiva, la coima, la mordida, el clientelismo, el “yo te elijo tú me elijes”, los sobrecostos, etc., son solo algunas de las formas más comunes que se manifiestan en Colombia como un gran cáncer que amenaza con tomarse el futuro del país.

Estas prácticas representan un trascendental problema en la sociedad colombiana, pues el deterioro de los valores éticos ha conllevado el menoscabo de la calidad de vida de los habitantes y ha quebrantado directamente la eficacia del Estado.

Los actos de corrupción generan un desequilibrio en el bienestar social, ocasionan inestabilidad política, obstaculizan el crecimiento económico y producen daño a la democracia. Lo anterior se traduce en incredulidad ciudadana de las actuaciones del Estado, la descalificación de los actores políticos, la desconfianza en las actividades de los gobernantes, la justificación de los ciudadanos para no cumplir sus obligaciones (v.g. pago de impuestos), la masificación de tendencias corruptas, el elogio a la cultura del avivato y al enriquecimiento rápido por cualquier vía, entre muchas otras.

El Gobierno está en mora de liderar una gran cruzada nacional por la recuperación de la moralidad, no solo en las actuaciones públicas sino en las privadas. La guerra contra la corrupción debe iniciarse con la educación de los niños y jóvenes en colegios y universidades. Si no se actúa rápidamente tendremos otra generación perdida en la lucha contra este flagelo mundial.

(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).