El aval para la JEP y el medio ambiente
Con la decisión de la Corte que avala con ciertas condiciones la viabilidad jurídica de la JEP, se consolida la negociación política plasmada en el AF para el desarme de las Farc y su ingreso a la actividad política.
Queda así despejado el camino para que los responsables de delitos atroces y de lesa humanidad pertenecientes a la nueva colectividad política puedan inscribirse, ser elegidos y seguramente asumir sus curules en el Congreso a partir de julio de 2018, pues la Corte declaro exequible tal prerrogativa sin condición alguna, pues al estar suspendidas las condenas que les ha impuesto la justicia ordinaria también suspende las inhabilidades consecuentes.
Con tal decisión se zanja la discusión que, entre otras, paralizaba la actividad del Senado mediante el mecanismo de ausencia de quorum para deliberar y decidir, en la conocida estrategia parlamentaria para acabar de chantajear al gobierno que ya tiene raspada la olla de la mermelada. A propósito, vale la pena leer la columna de Maria Jimena Dussan en Semana del domingo anterior que en actitud objetiva y realista la titula “ UNA PAZ CON SABOR A MERMELADA”.
No obstante, queda la sensación en muchos sectores de la opinión que con ese aval de la Corte, se materializa la impunidad por lo menos para los próximos 3 años; dado que una vez aprobada la Ley Estatutaria a finales de noviembre ésta pasará a control previo de la Corte; para continuar con la ley de procedimiento y luego si vendrá la instalación de los organismos que integran la jurisdicción especial para garantizar el funcionamiento real del juzgamiento y la conclusión del mismo con la imposición de las sanciones respectivas; trámite que difícilmente podrá evacuarse antes de 3 años por la gran cantidad de hechos criminales y de los protagonistas involucrados.
Es éste, sin duda, un elemento que tendrá enorme trascendencia en la discusión política de cara a las elecciones de marzo y mayo; pues junto con la no extradición por narcotráfico; son los dos sapos difíciles de tragar para un amplio sector de ciudadanos tal como ocurrió en el plebiscito; a los cuales se sumará la cada vez más clara evidencia de que la reelección de Santos en 2014 fe producto de la vergonzosa corrupción en la Costa, con claro epicentro en Córdoba.
Los hechos más recientes que se vienen conociendo por la actividad de la Fiscalía no dejan ya duda alguna en relación con la penetración de los dineros malditos de la corrupción en la campaña reeleccionista, tal como ahora se evidencia en los casos de Odebrecht con los señores Bula; Prieto; el Ñoño Elías; Musa Besaile; las exministras Parody y Alvarez; Benedetti y los que vienen en camino, pues como generalmente ocurre cada uno procurará salvarse buscando principios de oportunidad para obtener rebajas de pena a cambio de la delación eficaz para obtener la verdad judicial.
Por otra parte, ha causado absoluto rechazo e indignación el cinismo con el cual el Presidente Santos recibe la oferta de 45 MILLONES DE DÓLARES proveniente de empresarios de Arabia Saudita para contribuir con el financiamiento del posconflicto; pero a cambio de apoyar la explotación de oro en el páramo de Santurbán con una inversión de MIL MILLONES DE DÓLARES; hecho inaudito que demuestra, una vez más, que el apoyo internacional al proceso de paz no ha sido nada gratuito; puesto que en éste caso, se sacrifica el futuro ambiental y ecosistémico del país.
Así como vamos, la paz de Santos no la van a poder disfrutar sus destinatarios, nuestros hijos y nietos, pues feriando los recursos naturales en esta forma, más temprano que tarde no tendrán agua ni bosques ni flora ni fauna que garanticen las condiciones para preservar sus vidas.
