El árbitro en el Estado de Derecho

Los enfrentamientos entre el Congreso y el Gobierno no son muy frecuentes debido al tradicional mecanismo de la “mermelada”, el cual sirve para que los congresistas aprueben los proyectos del Gobierno y en no pocos casos se evite el control político.

Dentro del esquema de la tridivisión de funciones del Estado en las tres ramas del poder público, el equilibrio de poderes y el denominado “check and balance” juega un papel fundamental para evitar que los poderes públicos se desborden y se caiga en posibles extralimitaciones.

Precisamente un episodio que pone a prueba el Estado de Derecho es el que viene sucediendo con la pugna que hoy tiene enfrentados al Congreso y al Gobierno por cuenta del hundimiento de las Circunscripciones Especiales de Paz.

Por un lado, una jueza administrativa de Bogotá ordenó al presidente del Senado enviar al presidente Santos, el texto del acto legislativo que crea las Circunscripciones Especiales para la Paz, episodio que originó la negativa del Senador Cepeda y la consiguiente descalificación de la decisión judicial. Si bien la juez pudo incurrir en imprecisiones o errores de interpretación, no está bien que el Presidente del Congreso cuestione el fallo judicial. Las ordenes de los jueces se acatan y si es posible se impugnan.

Por otro lado, está el concepto emitido por el Consejo de Estado al Ministerio del Interior, asegurando que se necesitaban por lo menos 50 votos para que en el Senado se salvaran las Circunscripciones Especiales de Paz. Esta posición del máximo tribunal de lo contencioso administrativo despeja el escollo surgido con el hundimiento de las 16 curules, que por el Acuerdo de paz con las Farc se les darían a sectores sociales en circunscripciones especiales.

Después de todos estos episodios, falta obviamente la revisión que muy seguramente hará la Corte Constitucional tanto a la tutela que causó el choque entre los poderes como al acto legislativo.

Si bien la justicia pasa un mal momento por los casos de corrupción que se han destapado, los jueces siguen siendo los árbitros finales de las controversias que nacen dentro del Estado de Derecho.

(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).