El abuso de los contratos de prestación de servicios

El contrato de prestación de servicios es una figura de la contratación estatal que ha sido mal utilizada desde hace muchísimo tiempo por el mismo Estado, pues en ella han encontrado la fórmula perfecta para reducir costos laborales, tener más personal con menos recursos y ponerla a disposición de los politiqueros para su “clientela electoral”.

Se podría decir que casi todas las entidades del Estado hacen uso de esta “útil herramienta”, que en muchísimos casos representa millonarias nóminas paralelas que numéricamente pueden ser muy superiores al personal vinculado de planta en la entidad pública.

La injusticia que el Estado comete con la aplicación de esta modalidad de contratación es enorme: mientras que un servidor público de planta en una entidad estatal disfruta de la estabilidad laboral, del pago de cesantías, prestaciones, primas de servicios, vacaciones, etc., el contratista no tiene nada más que su remuneración, la cual se ve reducida por el pago de la seguridad social y en no pocos casos, por la “vacuna” que debe entregar al político que le hizo el gran favor de conseguirle el contrato.

Por simple necesidad de trabajo, el contratista se ve así encadenado a una relación laboral enmascarada en contrato de prestación de servicios. Debe cumplir horario, seguir las órdenes de sus jefes, recibir una contraprestación por sus servicios (inferior a los de planta) y, en muchos casos, trabajar más que los funcionarios de carrera, pues debe demostrar sus habilidades para que a su vencimiento tenga mayor chance de obtener una renovación.

Por encima de este engaño, prima el principio de la realidad sobre las formalidades, principio ampliamente desarrollado y aplicado por el Consejo de Estado en numerosas decisiones condenatorias en las que ha reconocido la existencia del contrato realidad, favoreciendo así a contratistas del Estado.

Esta problemática requiere necesaria intervención del Congreso de la República, ya que ni los órganos de control han logrado controlar esta desviación legal, ni el Estado está interesado en que ella desaparezca, pues su existencia es la esencia de la “mermelada”. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).