El abuso de la función pública
La importancia de la función pública en cualquier democracia como la colombiana radica en el ejercicio idóneo, imparcial y eficaz de sus servidores, quienes deben siempre cumplir estricta y cabalmente sus funciones. Los reiterados incidentes difundidos por los medios de comunicación con el célebre “usted no sabe quién soy yo”, reflejan la omnipotencia, la arrogancia y las ínfulas de superioridad de aquellos que ostentan algún grado de mando.
El abuso del poder por parte del funcionario tiene lugar cuando este aprovecha su cargo y sus atribuciones para beneficio propio o el de un tercero, frente al ciudadano que está en una situación de dependencia o subordinación.
En el país y en el Huila han sido muchos los sucesos denunciados por la comunidad como abusos de autoridad por parte de servidores públicos. Fue el caso del bochornoso espectáculo que originó la Directora de Justicia de Neiva en un salón de belleza ante el aparente disgusto por un peinado que no fue de su agrado. O el reciente episodio en el que el helicóptero en que viajaba el senador Rodrigo Villalba aterrizó en plena cancha de futbol en Mariquita, cuando menores de edad estaban jugando un partido.
En uno y otro caso se advierten actuaciones soberbias, altivas y desdeñosas para con el ciudadano afectado, que debe soportar con rabia y resignación, los comportamientos abusivos y arrogantes de aquellos cuya autoridad la ejercen como si poseyeran títulos nobiliarios en un sistema de castas.
Contrario a todas las anteriores desviaciones, el verdadero servidor público que consagra la Carta de 1991, es aquella persona que está al servicio del Estado y de la comunidad (art. 123 C.P.) y que no desempeña los cargos o empleos -por importantes que ellos sean- en su propio beneficio e interés, sino en el colectivo, siendo por tanto depositario de la confianza pública que no puede defraudar, respondiendo en consecuencia por sus acciones u omisiones.
Quien abusa de sus funciones con actos que van en contra del decoro y la dignidad del cargo, contribuye a deslegitimar el papel del Estado y con ello a aumentar la incredulidad ciudadana en sus instituciones. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
