Educación y reforma pensional en campaña política

Por Amadeo González Triviño

Una propuesta para la etapa del postconflicto presentada en la entrevista que un medio de televisión se realizó a uno de los candidatos, nos ha permitido comprender el grado de ignorancia y de ausencia total de respeto y de coherencia entre la dinámica de lo que tiene que ser el tratamiento humano, para todos los colombianos, sin importar la condición social, económica y de contenido formativo, que tiene la educación en todos sus niveles a la población colombiana.

Posibilitar y generar que cualquier grupo de ciudadanos reciban educación profesional, debe ser una prioridad, debe ser uno de los elementos garantistas de un Estado Social de Derecho, y pretender que dicha educación llegue a quienes ocupan diferentes roles sociales, por imposición o voluntad propia, debe ser parte de un complemento al que no podemos sustraernos y que deberíamos aplaudir desde el punto ideológico en el que nos encontremos.

No olvidemos cómo nuestros mismos funcionarios públicos en determinado momento, se patrocinan cursos de maestrías, especializaciones y cursos de actualización en las diferentes áreas del conocimiento, y eso debe ser parte integral de la formación del funcionario público. Pero querer contrarrestar la posibilidad de que se destinen recursos para que soldados y agentes de la policía, lo hagan, no tiene porqué ser motivo de censura o de reproche o de querer descalificar dicha propuesta, cuando es una verdad de a puño, que todos los seres humanos, necesitamos diariamente y en forma permanente, recurrir al estudio, a la actualización y a la formación integral como nos corresponde.

El aparato judicial, por otro lado, tiene escuelas de formación y realiza periódicamente procesos de actualización de sus funcionarios, y eso no puede ser visto con criterio negativo, ya que hoy en día, todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales, requieren la actualización y la convalidación de sus títulos con programas y procesos cognitivos que le brinden una mejor, pronta y oportuna solución a los conflictos y a los procesos a los que se enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

Que un soldado o un agente de la policía, cuando termine su periodo o como complemento de su actividad, adquiera un conocimiento dentro de las profesionales habilitadas en la educación colombiana, es el mejor don y el mejor apoyo que se le debe ofrecer, para que contar con ciudadanos que una vez culminen sus etapas formativas, sigan prestando un servicio ejemplar, y sean un aporte valioso en la construcción de sociedad, en la que todos estamos comprometidos.

Y si a los reproches por las campañas políticas se suma el hecho de que se haya admitido que nuestro país necesita una reforma pensional, hemos de tener en cuenta, que el candidato que asuma la presidencia, de los que actualmente tienen la opción de llegar a esa dignidad, realizará la misma, así hoy se diga que no. Así se comprometan y juren que no lo van a hacer. Pero es un imperativo que se impone dadas las circunstancias y el avance de lo que dicha carga estatal representa para quienes han prestado sus servicios a la patria.

Si dicha reforma no se hace aumentando la edad para gozar de la pensión, deberá hacerse incrementando el valor de los aportes. De lo contrario, cuál es la otra salida para poder enfrentar este dilema.

Estos dos temas, que hoy ocupan mi atención, sobre la EDUCACION para todos los sectores de la población, incluidos jueces, funcionarios públicos, policías, soldados, recicladores y por qué no, personas de la tercera edad. Al igual que el tema de las pensiones, me incitan a dejar de presente, sin proponer fórmulas sacramentales que no me corresponde hacer, por ser un columnista de opinión, pero que concitan mi preocupación y conllevan a que usted, estimado amigo lector, adopte y tome cartas en el asunto, para que la decisión en las urnas, sea la más consecuente con el propósito de darle a Colombia, un valor de reconocimiento a los seres humanos, como nos lo merecemos ante la violación permanente y reiterada de nuestros derechos fundamentales.