Donaciones a campañas políticas y corrupción
La reciente publicación de la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó lo que todo mundo ya sabía: las campañas políticas para cargos de elección popular reciben donaciones de particulares, que posteriormente se traducen en contratos a favor de los donantes.
Y es que se necesita ser muy ingenuo o hacerse el de la “vista gorda” como para pensar que las donaciones que realizan las empresas y las personas naturales, se hacen por identidad ideológica o para apoyar una causa política.
Es evidente que estos aportes económicos se ofrecen con la esperanza de ver acrecentada la “inversión” del particular durante el período del político elegido.
Para probar lo anterior, la MOE verificó que 485 donantes a campañas electorales en 2015, hicieron 534 aportes por $4.397’497.266 pesos. Estos “benefactores” recibieron contratos públicos por la bicoca de $169.466’621.063 pesos, lo que equivale a 39 veces más del aporte realizado a las campañas políticas.
En el caso del Huila, se constató que 3 campañas políticas recibieron donaciones por $117.464.093. Los candidatos beneficiados ya en el poder, otorgaron 44 contratos por $1.596’.584.465 pesos, es decir más de 13 veces el valor invertido.
Se espera que la MOE entregue los nombres de los políticos -que recibieron la plata- y de los aportantes, con el fin de evidenciar sus prácticas corruptas.
No obstante la importancia de la investigación, en ella solo se detectaron y cruzaron datos de los registros de ingreso de dineros a las campañas y los contratos realizados por la administración. Quedan por fuera las donaciones en especie, las cuales resultan muy difíciles de rastrear, siendo estos los aportes más importantes de una campaña, pues apoyan todo el proceso electoral. Son recursos como el transporte de los votantes, comidas, bebidas, publicidad, etc.
El reto ahora es para los desprestigiados órganos de control -que también obedecen a la lógica politiquera y clientelista-, que deben investigar tales irregularidades y sancionar a los mandatarios y a los filántropos caritativos que incurrieron en esta forma de corrupción.
(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).
