DIÁLOGO SOCIAL
Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
Durante la presente semana, la capital de la República y otras ciudades del país vivirán unas intensas jornadas de protestas sociales contra el actual accionar gubernamental que ha generado un inconformismo por la aplicación incoherente de los instrumentos de la política macroeconómica en el país. La ciudadanía volverá a ser escenario de una crisis en la movilidad, producto de las movilizaciones de sectores sociales y de las protestas donde participarán diversos sindicatos y organizaciones. Se espera que no se presenten confrontaciones con la fuerza pública.
Desafortunamente, dichas movilizaciones pueden ver salpicadas de grupos terroristas y vándalos que desdibujan los objetivos de la protesta social que adelantarán. Ya sabemos los antecedentes de las anteriores movilizaciones sociales, que han provocado desórdenes y hechos violentos que afectaron la dinámica productiva de estas ciudades. No hay derecho que estos grupos anarquistas que se infiltran en las marchas provoquen daños a las instalaciones de algunos medios de transporte y a otras instalaciones del comercio. Hay que prevenir que este caos se presente.
Pero hay un ingrediente que va a fortalecer la protesta social. Ayer llegaron a Bogotá, miles de indígenas provenientes del Cauca y que han recorrido las ciudades de Cali, Armenia, Ibagué y Fusagasugá, para buscar un dialogo directo con el presidente de la República para desarrollarle un debate político, sobre las políticas sociales que han sido ineficaces en la satisfacción de sus demandas sociales.
A pesar de que todo el gabinete misterial se reunió en Cali, con los dirigentes de la Minga indígena, no lograron su desmovilización. Insisten solamente en entablar un dialogo directo con el primer mandatario de los colombianos. Por tal motivo, los colombianos estaremos siendo espectadores de estos actores irreconciliables, dada la actitud gubernamental de negarse a dialogar con estas etnias.
El objetivo de la minga indígena era llegar a Bogotá para presionar al presidente Iván Duque para que atienda sus peticiones, relacionadas con la defensa de la vida y el cese de la violencia que azota el suroeste de Colombia.
De cara a este panorama, hay que ser enfáticos en condenar las vías de hecho como sustituto de las instancias y mecanismos que la Constitución dispone para la participación ciudadana. Aquí no puede haber espacio para matices. Es pertinente también solidarizarse con los cientos de miles de afectados, comerciantes, e industriales hasta los habitantes de la ciudad, que tendrán que padecer de la falta del transporte público y particular, por el accionar belicista de algunos desadaptados sociales, que se infiltrarán en las marchas.
Se puede decir que es normal y señal de buena salud democrática que la gente se organice para expresar inconformidades y dar a conocer sus posturas políticas, pero esto no puede darse de tal modo que sistemáticamente se estén afectando los derechos de la mayoría. Tampoco es aceptable que se haga bajo la premisa de que la mejor forma de alcanzar notoriedad y lograr concretar los objetivos es por la ruta del atajo, de ignorar y, de esta manera, destruir los canales institucionales. Reiteramos: no se puede instaurar la idea de que es válido pasar por encima de los derechos de los demás para hacer valer los propios.
