DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL
Por Aníbal Charry González
El artículo 37 de la Constitución consagra el derecho esencial a la protesta social, como aquel en que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de ese derecho’’. Razón por la cual la Corte Suprema de Justicia como juez constitucional en pasada sentencia de tutela, protegió ese derecho profiriendo 14 ordenamientos para que el Estado lo garantice sin acudir a la violencia ni a su limitación por constituir una vulneración a esa libre manifestación del pueblo soberano, que la derecha extremista considera que constituye un desbordamiento de sus atribuciones y una intromisión indebida en el poder Ejecutivo, desconociendo de mala fe esa garantía fundamental.
Es tan importante el derecho a la protesta social, como que es el derecho que permite exigir y lograr que se hagan realidad todos los demás derechos, y de ahí la capital importancia del precedente sentado en buena hora por la Corte Suprema –que no hace más que recoger precedentes en la materia de la Corte Constitucional-; entendiendo a cabalidad su importancia para que no se quede diseñado simplemente en la Carta, y sea de verdad un instrumento democrático y participativo para reclamarle al poder situaciones que no han sido atendidas por el Estado por los cauces institucionales como ha sucedido en este bastión de desigualdad y violencia que es Colombia, y particularmente durante este Gobierno, que como genuino representante del establecimiento se ha puesto descaradamente del lado de los poderosos y las oligarquías, antes que del pueblo raso agobiado de penurias y carencias acentuadas en estos tiempos de pandemia.
En suma, como lo afirma con tino el jurista argentino Roberto Gargarella en su libro ‘’El derecho a la protesta: el primer derecho’’, la protesta social es el “primer derecho y el derecho a tener derechos, porque es el derecho a exigir que todos los demás derechos se cumplan, porque se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo”. De ahí que tenga plena razón la Alcaldesa de Bogotá Claudia López al cuestionar al marrullero Gobierno de Duque, que en lugar de atender los ordenamientos del juez constitucional para garantizar el derecho a la protesta social, presenta una propuesta de protocolo para regularla, que en la práctica coarta el esencial derecho para que no haya manifestaciones, estableciendo una serie de talanqueras como pagar una póliza de seguros a quienes salgan a marchar presumiendo que son vándalos, y además que el Esmad siga controlado por la Policía y no por la autoridad civil.
Es decir, autoritarismo puro por parte de un Gobierno autista y provocador que está listo a hollar el derecho a la protesta ciudadana para generar más represión y no resolver las reclamaciones de la agobiada ciudadanía, tratando de pasarse por la faja las decisiones de los jueces constitucionales que son los que dicen la última palabra en materia de derechos fundamentales.
