Derecho a la pensión (III)

Prometimos plantear algunas soluciones luego del contexto que en las dos pasadas columnas hicimos de la problemática de las pensiones en Colombia. Eso sí, insistimos que se requiere sincerar el análisis, para hallar soluciones efectivas y de beneficio común que es el de todos y no el de unas “mayorías”; esto es como la salud, si quedan algunos sin cobertura, no hay ideal social.

Hay que ser atrevidos en materia pensional. Aún la solución no es aumentar la edad de quienes vienen cotizando. La solución está en que todos coticemos para pensionarnos, coticemos los montos necesarios (y adicional el voluntario) y sin fraudes. Todos, léase bien. Sin distingos. Al punto de que si alguien no puede hacerlo, por ejemplo una persona con discapacidad total, el Estado con nuestros impuestos o un excedente de cotización, cubra esas mesadas. No la de funcionarios que no cotizaron o lo hicieron insuficiente.

El que se pensione debe haber cotizado lo equivalente a lo que recibe. Lo demás es delito.

En cambio si quiere recibir más pensión, debe “ahorrar” voluntariamente. Así pasamos del derecho, a la obligación…social. El aumento de la edad para pensionarse o lo que es igual, el aumento de las cotizaciones, debe ser posterior a la universalización de la cotización.

Existen muchos otros fraudes que hay que eliminar ¿El lector puede entender que una persona a punto de pensionarse, se case para heredarle la pensión a un sobrino, a un primo o a un gran amigo? Así, los colombianos soportamos pensiones por mucho tiempo de personas que tenían corta esperanza de vida. Hay que poner coto a esto.

Aunque los fondos privados de pensiones se concentren en argumentar la reforma de las pensiones sobre el aumento de la edad y el aumento de las mesadas, lo cual genera muchas dudas sobre la verdadera intención que tienen, la verdad es que sí tienen razón en que será necesario aumentar la edad cuando se logre aumentar ostensiblemente el número de personas que coticen. Hoy, de 22 millones de colombianos ocupados, apenas 7,8 millones  aportamos al sistema pensional. ¿Ah, que somos informales? Bueno pues ocupar el espacio público, tener establecimientos comerciales abiertos, recibir ingresos sin justificación, entre otros, debe exigir pago de pensión y salud. Así como en el sector público trabajar por contrato supone previo pago de salud, pensión y ARL; así debe serlo en el sector privado. Debe limitarse al máximo el número de personas por las cuales el Estado cubra su pensión. Y claro, ningún funcionario público debe percibir pensión por encima de lo cotizado –mesadas correlativas y tiempo laborado-, eso incluye miembros de Policía y otras fuerzas armadas.