Denuncias sobre abuso sexual
Son repudiables los casos reportados ante las autoridades sobre los abusos sexuales contra nuestros niños y niñas. De acuerdo con las estadísticas de Medicina Legal, se han presentado un crecimiento significativo durante los últimos años. Desafortunadamente la laxitud de la justicia alimenta la alta reincidencia del arsenal argumental de los máximos castigos para los depredadores. Diariamente se reportan en el país, 60 casos sobre este abominable delito, que ha generado entre la opinión pública una agitación de las banderas de quienes claman por la implementación en la legislación colombiana, de la cadena perpetua. Todos sabemos que este decimonónico castigo, está proscrito en el artículo 34 de la Constitución Política de 1991. Además, algunos tratados internacionales que suscribió el país en el siglo pasado, así lo establecen.
Hay que destacar la decisión de denunciar ante la plenaria del Concejo municipal, donde participó el Secretario de Educación de Neiva, Guiovanny Córdoba en un debate que se adelantó el jueves anterior y que el cabildante Humberto Vargas Durán, señaló que existen denuncias desde el año 2015 sobre docentes que han cometido delitos de acoso sexual y violaciones. Lo desagradable es que continúan vinculados actualmente en la Instituciones Educativas.
Es importante proteger por todos los medios a los menores, pero en el cumplimiento de esta obligación, debe primar la razón sobre la indignación. Por este motivo, los precursores de la cadena perpetua han venido exigiéndole al gobierno nacional, la implementación de este castigo cruel y desproporcionado para otros. Igualmente, el costo de mantener un preso en condena perpetua asciende a un promedio de 18,3 millones de pesos, anualmente.
Algunos expertos sobre la materia aseguran que los aumentos en las cifras sobre estos delitos tienen que ver, con el crecimiento de las denuncias y que ha ido cediendo la cultura del silencio, porque el número de depredadores se encuentra relacionado, con las nuevas tecnologías que escapan a la supervisión de los padres. En muchas ocasiones los depredadores se valen de las redes sociales para emprender sus horrendas cacerías.
Es indispensable que la Secretaría de Educación, asuma con entereza y decisión de investigar sobre estas denuncias que no pueden quedar impunes. Es necesario que no se repitan en los establecimientos educativos estos hechos, que son repudiables ante la vista de una sociedad que espera que se haga pronta justicia. La prevención institucional en salud y la educación tienen que ser freno frente a este drama, que viven muchas familias neivanas. Es impensable el drama de las consecuencias sociales que afectan a nuestra sociedad, por causa de este repudiable delito contra los menores de edad.
