Delitos electorales
Cuando estamos en etapa electoral, se nos hace común escuchar todo tipo de situaciones anómalas que se presentan con ocasión de los comicios.
Uno de los más mencionados ocurre cuando la procuraduría abre un espacio para que las personas tengan la oportunidad de inscribir su cédula en el lugar de votación más próximo a su lugar de residencia, es el famoso caso de la trashumancia, también conocido como “trasteo de votos”.
Este delito, que se encuentra claramente establecido en el código penal, hace referencia a la conducta de una persona indeterminada que, con la intención de obtener ventaja electoral, y mediante cualquier medio indebido, logre que personas inscriban su cédula en un lugar diferente al de residencia o nacimiento para votar allí.
Ahora bien, con todo y lo que pueda llegar a decir el Código penal sobre esta conducta, la verdad es que llegar a probar su tipificación es bastante complicado.
Se habla siempre de alertas y de informes de la misión de observación electoral MOE, sobre los peligros y riesgos de trasteo de votos en ciertas regiones del país pero, que haya alguna operación precisa o denuncia que se llegue a materializar en condena, no hay avances.
Existen otros 15 delitos electorales, que no estaría demás analizar, al menos los más comunes.
El más conocido por supuesto es el de corrupción al sufragante, que no es otra cosa que la compra de votos, una práctica muy usual a boca de urna, y tan reiterado en últimas porque a quienes reciben la dádiva, el billete etc., no les pasa nada. Por supuesto, en un país con tantas necesidades como el nuestro, “venderse” al mejor postor y hacer su “agosto” el día de elecciones se convierte casi que una bendición.
No obstante, esa práctica es la madre de todas las corruptelas y la razón por la cual se ha demostrado que muchos políticos han montado toda una empresa sofisticada encargada de la repartija el día electoral.
El tráfico de votos, sucede por lo general cuando ciertos habilidosos en la política dicen tener X número de votos endosables al mejor postor.
El constreñimiento al sufragante también es muy común en las zonas más afectadas por el conflicto armado, y es la coacción o intimidación que alguien utiliza para que determinada persona o grupo de personas vote por un candidato determinado.
La adulteración de los resultados electorales, aunque se supone es día tras día más difícil, aun sucede en ciertas regiones alejadas.
Finalmente nos encontramos con delitos de índole financiero, es decir, lo relativo a la financiación de campañas, la ilicitud de los recursos o la violación de los topes o límites de gastos. En este caso, probar el delito, no debería ser tan difícil, pero es aquí donde las cosas se complican. Mientras que en otros países, la gente dona dinero a las campañas de los partidos sin ningún complejo, ante la avidez y lo costoso que se ha convertido hacer política en Colombia, muchos optan por confiar en dineros calientes para financiar sus aspiraciones.
