Decisiones improrrogables
Todos los nuevos gobernadores y alcaldes, asambleas y concejos, tienen la histórica responsabilidad de tomar decisiones trascendentes e improrrogables que permitan mejorar la eficacia de la gestión pública para otorgar calidad de vida a sus gobernados.
La planeación; formulación y estructuración de proyectos; el saneamiento fiscal; el ordenamiento del territorio y buen uso del suelo donde la protección de los recursos naturales son una prioridad; la gestión eficiente en la consecución de recursos económicos y presupuestales; y la articulación institucional que garantice la seguridad ciudadana, serán elementos fundamentales para afianzar la convivencia y consolidar la anhelada paz social.
Pero sin duda alguna el compromiso y la responsabilidad más apremiante consisten en administrar los recursos públicos con absoluta pulcritud. Es decir, con transparencia y sin la nefasta politiquería clientelista que son la madre de la corrupción.
Adicionalmente, de todas las anteriores responsabilidades, es indispensable destacar que particularmente para los gobernadores, alcaldes y asambleas; en una decisión articulada y consensuada, su mayor reto consiste en acertar acerca de la definición legal sobre las RAP- regiones administrativas de planificación, instrumento que definirá la suerte futura de departamentos y municipios en el marco constitucional y legal de la descentralización política, fiscal y administrativa.
La carta del 91 diseñó la organización territorial del Estado como unitario pero con descentralización y autonomía de sus entidades territoriales- departamentos y municipios- democrático, participativo y pluralista; en aparentes contradicciones conceptuales que muchas dificultades han originado como en el caso de las Consultas populares en temas ambientales y minero-energéticos. Por fortuna, aunque con mucho retardo, el legislador promulgó la Ley 1454 de 2011 que abrió la puerta para el ordenamiento territorial y el buen uso del suelo, complementada ahora con la llamada Ley de Regiones, instrumento vital para avanzar en el desarrollo regional armónico e integral que habrá de permitir la verdadera competitividad del país para afrontar los retos de la globalización económica a que estamos abocados.
Las RAP son verdaderas sociedades de integración regional para planificar el desarrollo integral que corrija los desequilibrios y marginamientos de buena parte del territorio nacional, facilitando la explotación racional de los recursos naturales y generando la infraestructura necesaria para la productividad agrícola, pecuaria e industrial que genere empleo y bienestar.
Incluso podrá llegarse en el mediano plazo a estructurar las RET, regiones de entidad territorial, instrumento con el cual se morigerará el asfixiante centralismo bogotano en la toma de decisiones. Por otra parte, cambiará el esquema de representación política focalizando y priorizando los verdaderos intereses regionales, dándole un golpe mortal a la politiquería clientelista de la circunscripción nacional para el Senado.
En este claro contexto constitucional y legal los gobernadores que están iniciando sus períodos están llamados a superar la práctica de gobernanza con las roscas políticas de su propio partido o movimiento. A rodearse en el equipo de sus colaboradores en la gestión pública con los mejores profesionales de alto perfil técnico y conocimiento de su entorno regional en todos sus aspectos.
Al final de los períodos habrá elementos de juicio muy claros y objetivos para valorar la eficacia y transparencia de sus mandatos. Ya se jugaron con sus equipos de gobierno. Los ciudadanos tenemos la obligación de ejercer estricta vigilancia con objetividad y sin pasiones banderizas, aplaudiendo lo bueno y censurando sin temor lo que juzguemos equivocado.
La ruta institucional está claramente definida. El presidente como cabeza de la rama ejecutiva ha marcado el horizonte. Ya veremos si merecían el alto honor y la dignidad por la que tanto lucharon. Hay temas para rato.
