Decisión Judicial
En medio de la más profunda aceleración de la pandemia de la Covid-19 que se está presentando en el país, y que han agudizado la mayor crisis social y económica a la sociedad colombiana durante el presente siglo, la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del Senador y Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, desde el 24 de julio de 2018, el Alto Tribunal lo llamó a indagatoria por haber supuestamente intentado convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las lo involucraban con grupos paramilitares.
Lo anterior ha sido promovido por algunos sectores de la izquierda que han sido implacables contra el accionar gubernamental del actual gobierno y de los dos periodos presidenciales, donde les asestó los más grandes golpes a la delincuencia, grupos guerrilleros y paramilitares, convirtiéndose en el primer mandatario de los colombianos, que los enfrentó militarmente, después de más de cinco décadas de tragedia violenta que padeció la sociedad colombiana. Es la primera vez en la historia de la República, que ocurra una decisión judicial que determine la privación de la libertad a un ex presidente de Colombia.
La triste realidad que ocurre dentro de la institucionalidad colombiana es que los delincuentes a los cuales ha combatido en otrora se conviertan en los testigos que le están generando este problema judicial en el Alto Tribunal. Los pájaros tirándole a las escopetas. Mientras los grandes narcoterroristas del país se encuentren deambulando libremente por el país y en el exterior, por decisiones judiciales, y cuando la misma Corte de Suprema de Justicia haya negado las pruebas de los computadores y dispositivos que fueron decomisados por el Ejercito Nacional en el operativo que dieron de baja al cabecilla No. 2 de las Farc Raúl Reyes en el Ecuador, mientras la Interpol los certificó como legibles. Estos equipos comprometen a varios personajes de la vida nacional donde se encuentran involucrados algunos detractores que actualmente lo están acusando.
Todos sabemos la alta impunidad que se ha presentado en la rama judicial. Algunos togados han estado salpicados por escándalos de corrupción que han manchado, el soporte del Estado de Derecho de la Nación. Ahora las denuncias de la USAID, sobre supuestos casos de acoso laboral y sexual, que han ocurrido en una de las Altas Cortes, han generado una alta desconfianza en la opinión pública por las decisiones judiciales que se han tomado en algunos estrados judiciales. Se espera que la verdad aflore y se haga justicia para bien de las instituciones democráticas del país.
