Decisión arbitraria
Cada día que transcurre, la sociedad colombiana se encuentra sorprendida por los crecientes escándalos de corrupción que se han suscitado alrededor de los sobornos, que se presentaron en algunas entidades del Estado encargadas del desarrollo de las grandes obras de infraestructura en el país. Si los organismos de inteligencia de los Estados Unidos no hubieran detectado el movimiento de los dineros, producto de las coimas realizadas por la empresa multinacional brasilera Odebrecht, a la campaña presidencial del 2014, seguramente los colombianos estaríamos desinformados de la entrega de recursos ilícitos para la financiación de ésta. Ni los entes de control del Estado, conocían de estos aberrantes delitos criminales que se habían gestado al interior de las mismas. Se siguen conociendo nuevos nombres, donde se encuentran comprometidos altos funcionarios del Estado, que participaron de manera directa e indirecta en el manejo administrativo y financiero de la organización electoral de la campaña presidencial.
Al país le deben respuestas sobre la posible intervención ilegal de dineros en las elecciones del 2014 entre Óscar Iván Zuluaga y el entonces ganador, Juan Manuel Santos. Las revelaciones recientes han despertado la frustración que causó el hecho de que, recién se dio a conocer este escándalo, los procesos terminaran estrellándose con vías cerradas de investigación. Las autoridades deben contarle al país lo que ocurrió.
Por este motivo es inaudito que la sociedad colombiana, tenga que asumir los $211.273 millones que se deben cancelar por parte del Estado a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de dirimir el pleito con la Concesionaria Ruta del Sol II. El Estado deberá asumir posiblemente la suma de $24.273 millones.
Algunos medios de comunicación han expresado su indignación, porque la Ministra de Transporte, estaría negociando con los bancos involucrados en estas obras inconclusas, el pago de más de un billón de pesos. Esta versión ha sido desmentida por el gobierno nacional.
Desde que estalló el escándalo de Odebrecht son varios los indicios que han surgido sobre la manera, en que la multinacional intentaba influir en la política nacional. Hasta ahora, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades, los procesos que se han llevado a término no han permitido entender bien cómo operó la empresa durante las dos elecciones presidenciales anteriores. Las investigaciones que se dieron en el CNE tampoco llegaron a conclusiones que permitieran, por ejemplo, que las sospechas desaparecieran. Para amplios sectores de opinión, todo lo anterior, es premiar a la corrupción.
