Opinión/ Creado el: 2020-09-18 04:08
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Por: José Gómez Hermida
Ha sido cambiante la posición doctrinaria y jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado en episodios que han enlutados, o que han llevado a trágicos momentos de la vida contemporánea del país; también con la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ido creciendo la jurisprudencia que sanciona o condena de manera reiterada el actuar, o no actúar de un Estado, cada día más ajeno, a desiciones que se salen de su órbita y de su competencia; así pues el hecho más representativo de éste acervo jurisprudencial; tiene que ver con la toma violenta del Palacio de Justicia, que hiciera el Movimiento Guerrillero M-19, en connivencia con el narcotráfico en noviembre de 1985, que culminó con el asesinato de 11 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el desmantelamiento y la práctica del Consejo de estado, cuando varios de sus magistrados fueron vulnerados y vejados en su dignidad, y escaparon a la muerte por pura suerte o milagro colectivo.
Con el pasar de los años, absurdamente fue el Estado condenado por esa masacre no inspirada, no perpetrada, no tolerada, no admitida, por el Gobierno Nacional del presidente Belisario Betancourt; a quien pretendían hacerle insólito juicio en la Plaza de Bolívar; y además como para no terminar ahí, fueron condenados aquellos valientes militares, que como el General Arias Cabrales, encargado de la recuperación del Palacio de Justicia, como causante de tan insaciable crimen colectivo; Igual en el presente, siglo, con la bomba en el club "El Nogal" y con el accionar terrorista de las FARC- EP, cuando la célula más sanguinaria de ese movimiento la Columna TEÓFILO FORERO, al mando del famoso alías "EL PAISA" quién hoy prófugo, y disidente armado, y armando Comandos Guerrilleros en el país, exnegociador en la Habana.
La justicia administrativa y el propio Consejo de Estado sancionó y condenó a la Nación de tan bárbaro accionar y condenó a multimillonaria multa al Estado Colombiano, es decir, a todo el pueblo, que tributa con devoción y patriotismo a pagar exageradas sumas, que gracias a la oportuna acción de la Corte Constitucional, revirtió, echó para atrás y anulo, en última instancia tan aberrante situación.
Ahora causa escozor también, cuando otra vez el Consejo de Estado reitera la sanción de multa por más de 22 Mil millones de pesos, contra la nación, por la masacre igualmente perpetrada por una célula de la FARC EP, en el Valle del Cauca, con el secuestro y posterior asesinato de de 10 de los 11 Diputados de ese Departamento, situación que lleno de horror, no solo a la ciudadanía del Valle, sino al País entero.
Secuestro adelantado con toda la cevicia y cálculo al pie de la letra y del engaño al que fueron sometidos los diputados, y su posterior asesinato fruto de la paranoia colectiva y guerrerista de la célula guerrillera ejecutora de tal despróposito. Como entonces, ahora nuevamente condenan al país, a la Nación de semejante hecho no perpetrado por el Estado y lo colmina a pagar cuantiosa suma que no saldrá tampoco de las arcas de las extintas Farc- EP, además condenan al Estado Colombiano a pedir perdón públicamente por actos no cometidos por él, hasta cuando tanta insolidaridad e insensibilidad con la sociedad colombiana fruto del acuerdo jurídico democrático de todo el país solo falta que estás insólitas pretensiones tengan que hacerse en la catedral San Francisco de Cali con la bendición del Obispo Monsalve.
Ha sido cambiante la posición doctrinaria y jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado en episodios que han enlutados, o que han llevado a trágicos momentos de la vida contemporánea del país; también con la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ido creciendo la jurisprudencia que sanciona o condena de manera reiterada el actuar, o no actúar de un Estado, cada día más ajeno, a desiciones que se salen de su órbita y de su competencia; así pues el hecho más representativo de éste acervo jurisprudencial; tiene que ver con la toma violenta del Palacio de Justicia, que hiciera el Movimiento Guerrillero M-19, en connivencia con el narcotráfico en noviembre de 1985, que culminó con el asesinato de 11 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el desmantelamiento y la práctica del Consejo de estado, cuando varios de sus magistrados fueron vulnerados y vejados en su dignidad, y escaparon a la muerte por pura suerte o milagro colectivo.
Con el pasar de los años, absurdamente fue el Estado condenado por esa masacre no inspirada, no perpetrada, no tolerada, no admitida, por el Gobierno Nacional del presidente Belisario Betancourt; a quien pretendían hacerle insólito juicio en la Plaza de Bolívar; y además como para no terminar ahí, fueron condenados aquellos valientes militares, que como el General Arias Cabrales, encargado de la recuperación del Palacio de Justicia, como causante de tan insaciable crimen colectivo; Igual en el presente, siglo, con la bomba en el club "El Nogal" y con el accionar terrorista de las FARC- EP, cuando la célula más sanguinaria de ese movimiento la Columna TEÓFILO FORERO, al mando del famoso alías "EL PAISA" quién hoy prófugo, y disidente armado, y armando Comandos Guerrilleros en el país, exnegociador en la Habana.
La justicia administrativa y el propio Consejo de Estado sancionó y condenó a la Nación de tan bárbaro accionar y condenó a multimillonaria multa al Estado Colombiano, es decir, a todo el pueblo, que tributa con devoción y patriotismo a pagar exageradas sumas, que gracias a la oportuna acción de la Corte Constitucional, revirtió, echó para atrás y anulo, en última instancia tan aberrante situación.
Ahora causa escozor también, cuando otra vez el Consejo de Estado reitera la sanción de multa por más de 22 Mil millones de pesos, contra la nación, por la masacre igualmente perpetrada por una célula de la FARC EP, en el Valle del Cauca, con el secuestro y posterior asesinato de de 10 de los 11 Diputados de ese Departamento, situación que lleno de horror, no solo a la ciudadanía del Valle, sino al País entero.
Secuestro adelantado con toda la cevicia y cálculo al pie de la letra y del engaño al que fueron sometidos los diputados, y su posterior asesinato fruto de la paranoia colectiva y guerrerista de la célula guerrillera ejecutora de tal despróposito. Como entonces, ahora nuevamente condenan al país, a la Nación de semejante hecho no perpetrado por el Estado y lo colmina a pagar cuantiosa suma que no saldrá tampoco de las arcas de las extintas Farc- EP, además condenan al Estado Colombiano a pedir perdón públicamente por actos no cometidos por él, hasta cuando tanta insolidaridad e insensibilidad con la sociedad colombiana fruto del acuerdo jurídico democrático de todo el país solo falta que estás insólitas pretensiones tengan que hacerse en la catedral San Francisco de Cali con la bendición del Obispo Monsalve.
