David contra Goliat
Por: Carolina Salazar Rincón
“El agua le ganó al oro: Cajamarca dijo no a La Colosa”, “Antioquia completó 10 municipios que le dicen no a la minería”, “Pijao y Arbeláez le dijeron no a la minería”, “La consulta minera de Córdoba, Quindío, sería en diciembre” y “100 municipios en Colombia tienen procesos para poner en jaque la minería: Andi”, son algunos de los titulares que los colombianos leemos en las noticias desde cuando en 2013 el municipio de Piedras, Tolima, desafió lo que parecía imposible y le ganó la pelea en las urnas a la multinacional minera Anglogold Ashanti que aspiraba a utilizar el río Opia para extraer oro.
Estas consultas populares en las cuales el NO a la minería ha obtenido sin excepción cifras mayores al 95% han sido como una pelea de David contra Goliat, en donde los pequeños municipios y sus habitantes están de un lado y las grandes empresas multinacionales y el Gobierno Nacional con su locomotora minera están del otro.
Algunos expertos en temas ambientales dicen que es una decisión extrema y estoy de acuerdo porque los minerales también son importantes para el desarrollo. Pero estos municipios entendieron que era la única manera de defender su territorio y los recursos de los cuales dependen para su subsistencia, porque no hay confianza en el Estado. En los dirigentes que toman las decisiones no se percibe sensibilidad ni conocimiento sobre nuestros recursos naturales. Desde sus escritorios en Bogotá y otros centros urbanos sólo pueden ver el país en términos de PIB, PN o competitividad, modelos económicos en los que la biodiversidad no es una variable. Cómo olvidar las desafortunadas frases del entonces Presidente de Ecopetrol (y ex Ministro de Hacienda) Juan Carlos Echeverry en 2016 en relación con la afectación que traería la explotación de crudo en La Macarena; de nuevo ellas sólo demostraron el desconocimiento y menosprecio que nuestros dirigentes tienen por nuestros recursos.
Para contrarrestar el pánico de los municipios, el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Minería decidió iniciar procesos de concertación con los alcaldes para que permitan una “minería bien hecha” y ha anunciado algunas leyes. Eso está muy bien si comienza por entender el valor de los recursos biológicos y del agua, si se apoya en Institutos, estudios y profesionales responsables, éticos, serios y rigurosos para tomar decisiones sobre dónde SÍ (y cómo) y dónde NO se deben realizar actividades extractivas; que la ANLA sea estricta e incorruptible para que podamos creer en sus decisiones; que el Estado ejerza real soberanía en la totalidad del país (como es su deber), no permita la presencia de mineros ilegales que destruyen ecosistemas y comunidades enteras, y sea garante de la planificación y manejo adecuados del territorio por parte de empresas mineras, agropecuarias, campesinos y dueños de fincas, y que a su vez aprenda del conocimiento (saberes) de las comunidades para entre ambos encontrar nuevas oportunidades que impulsen el desarrollo del país con base en nuestra patrimonio natural. A propósito de la minería ilegal, la semana pasada oí al periodista Julio Sánchez Cristo criticando las consultas mineras con el argumento de que la minería legal es un freno para la ilegal. ¡Qué equivocación! Justifica un error con otro error.
Trabajar juntos (Estado y comunidad) es la única manera de lograr un desarrollo justo y sostenible, consecuente con este país maravilloso y megadiverso. Parece un sueño, casi una utopía…. pero ¿Quién hubiera creído alguna vez que David le ganaría al gigante Goliat?
