Opinión/ Creado el: 2018-12-15 02:56
Damnificados del Quimbo: Sin dolientes
Los principales causantes del desconocimiento de los derechos de los habitantes que han sufrido las consecuencias de la construcción de la Represa El Quimbo, en el centro del Departamento del Huila, crecen día a día, como fruto de la forma como el poder político se va arrinconando para favorecer y proteger a los grandes capitales y con extrañas dádivas o prebendas, han terminado aplaudiendo este dolor y esta tragedia.
Hace pocos días con el fin de formalizar la mesa o comisión de seguimiento y exigir el cumplimiento de las condiciones planteadas con ocasión de las obras adelantadas por EMGESA S. A. E. S. P., los representantes de los mandatarios seccionales, al unísono con algunos representantes de las instituciones estatales encargadas del control y vigilancia de dichos acuerdos y de dichos compromisos, en forma desvergonzada y sin pudor, buscaron a toda costa ocultar la realidad de los incumplimientos de aquella, convidándola a hacer parte, de dicha mesa y sobre todo, reconociendo que todas las obras adelantadas entre las comunidades, han sido suficientes para resarcir los perjuicios generados entre la sociedad huilense y para con el medio ambiente y los recursos naturales.
Este hecho, que se suma a las circunstancias especiales que se generaron dentro del poder judicial, que enfrentado a los dilemas jurídicos de los procesos de protección de los derechos de los ciudadanos ante dichos atropellos, terminaron siendo convidados de piedra ante la extraña figura de los procesos de expropiación, por desconocimiento total de la jurisprudencia nacional y de los derroteros que enmarcan la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales, hacen parte de una serie de circunstancias que tarde o temprano, han de ser dilucidados para bien de nuestra institucionalidad, por cuanto, la verdad tendrá que terminar siendo la que ponga punto final a esta historia de expoliación del pueblo huilense y de lo que se ha constituido en uno de los desastres sociales más aberrantes de los últimos años: destrucción del entorno cultural, ambiental y social, de que hemos sido víctimas.
Muchos se han presentado como defensores del territorio, del agua, del medio ambiente, y han gestionado movilizaciones que han querido usufructuar para designios políticos y politiqueros y por qué no, burocráticos y de oportunidad. Todo lo cual, no ha sido más que una forma de auspiciar una pantomima pública, cuando los gobernantes de turno, han sido incapaces de liderar la defensa de lo nuestro y hacer respetar con los tribunales judiciales y jueces, la legalidad, la igualdad y el respeto de los Derechos ciudadanos.
Finalmente nos queda una esperanza, y ésta está centrada en la posibilidad de que desde la ACADEMIA, la Universidad y algunas Organizaciones Jurídicas nacionales e internacionales, con el acompañamiento de una asesoría “técnica de Dios”, se rediseñe la defensa de los intereses de las comunidades del Centro del Departamento del Huila, y aún, de todos los colombianos que han sido víctimas de la inoperancia de la justicia y de la inefectividad de los mandatarios locales y seccionales afectados con las represas.
Esperamos que se materialicen los derechos constitucionales y legales, desconocidos y vulnerados día a día, por las empresas constructoras de las represas, como la del Quimbo, entre otras, y aún de todas las que han de ser construidas en el sur del Departamento del Huila, diseñadas y programadas para beneplácito de los políticos de turno y de todos los detractores de la humanidad y del medio ambiente, como han terminado siendo, las multinacionales y empresas encargadas de éstas obras a nivel nacional, siguiendo los derroteros de un mercado capitalista y de explotación del hombre por el hombre.
Hace pocos días con el fin de formalizar la mesa o comisión de seguimiento y exigir el cumplimiento de las condiciones planteadas con ocasión de las obras adelantadas por EMGESA S. A. E. S. P., los representantes de los mandatarios seccionales, al unísono con algunos representantes de las instituciones estatales encargadas del control y vigilancia de dichos acuerdos y de dichos compromisos, en forma desvergonzada y sin pudor, buscaron a toda costa ocultar la realidad de los incumplimientos de aquella, convidándola a hacer parte, de dicha mesa y sobre todo, reconociendo que todas las obras adelantadas entre las comunidades, han sido suficientes para resarcir los perjuicios generados entre la sociedad huilense y para con el medio ambiente y los recursos naturales.
Este hecho, que se suma a las circunstancias especiales que se generaron dentro del poder judicial, que enfrentado a los dilemas jurídicos de los procesos de protección de los derechos de los ciudadanos ante dichos atropellos, terminaron siendo convidados de piedra ante la extraña figura de los procesos de expropiación, por desconocimiento total de la jurisprudencia nacional y de los derroteros que enmarcan la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales, hacen parte de una serie de circunstancias que tarde o temprano, han de ser dilucidados para bien de nuestra institucionalidad, por cuanto, la verdad tendrá que terminar siendo la que ponga punto final a esta historia de expoliación del pueblo huilense y de lo que se ha constituido en uno de los desastres sociales más aberrantes de los últimos años: destrucción del entorno cultural, ambiental y social, de que hemos sido víctimas.
Muchos se han presentado como defensores del territorio, del agua, del medio ambiente, y han gestionado movilizaciones que han querido usufructuar para designios políticos y politiqueros y por qué no, burocráticos y de oportunidad. Todo lo cual, no ha sido más que una forma de auspiciar una pantomima pública, cuando los gobernantes de turno, han sido incapaces de liderar la defensa de lo nuestro y hacer respetar con los tribunales judiciales y jueces, la legalidad, la igualdad y el respeto de los Derechos ciudadanos.
Finalmente nos queda una esperanza, y ésta está centrada en la posibilidad de que desde la ACADEMIA, la Universidad y algunas Organizaciones Jurídicas nacionales e internacionales, con el acompañamiento de una asesoría “técnica de Dios”, se rediseñe la defensa de los intereses de las comunidades del Centro del Departamento del Huila, y aún, de todos los colombianos que han sido víctimas de la inoperancia de la justicia y de la inefectividad de los mandatarios locales y seccionales afectados con las represas.
Esperamos que se materialicen los derechos constitucionales y legales, desconocidos y vulnerados día a día, por las empresas constructoras de las represas, como la del Quimbo, entre otras, y aún de todas las que han de ser construidas en el sur del Departamento del Huila, diseñadas y programadas para beneplácito de los políticos de turno y de todos los detractores de la humanidad y del medio ambiente, como han terminado siendo, las multinacionales y empresas encargadas de éstas obras a nivel nacional, siguiendo los derroteros de un mercado capitalista y de explotación del hombre por el hombre.
