Culiacán y Barcelona

No es que el mundo haya sido hasta ahora un remanso de paz, pero en las últimas semanas, se han conocido alrededor del globo, noticias que dejan entrever el giro violento que han tomado las protestas ciudadanas, y en otros casos, las arremetidas de los grupos al margen de la ley quienes terminan por imponerle condiciones al gobierno.

Casos como los de Quito Ecuador, dieron la vuelta al mundo, por suerte, el gobierno presidido por Lenin Moreno escuchó los reclamos de sus conciudadanos y conjuró lo que podía haber terminado con su salida del cargo. Antes de Rafael Correa, un presidente ecuatoriano llegaba en la mayorá de los casos, y a duras penas, al año de mandato.

Otro episodio mas reciente, resulta ser el acontecido en la capital de Chile, Santiago, en esta oportunidad, lo que causó la furia de algunos ciudadanos, fue el alza del costo del pasaje del metro. La reacción de algunos excedió con creces lo que podía haberse logrado con marchas sostenidas y multitudinarias. Ataques a medios de comunicación, destrucción de mobiliario público, daños en las estaciones del metro, terminaron por deshabilitar en gran parte el sistema de transporte público, por lo que al final, las protestas terminaron acabando con la razón de estas.

Tanto en Ecuador como en Chile, las manifestaciones han cedido, en gran medida debido al pulso ganado por los manifestantes, no obstante, la autoridad y las medidas de disuasión no se hicieron esperar por parte del Gobierno.

Al otro lado de la balanza tenemos episodios como los que han ocurrido en ciudades diametralmente distintas. En Culiacán, y debido a la captura del Hijo del famoso narcotraficante “el chapo” Guzmán, se desató una ola de violencia que dejó al descubierto la frágil situación de orden público que aun vive México. La solución ofrecida por el presidente de México, en aras, según el, de garantizar la paz, fue la liberación del hijo del extraditado capo.

En Barcelona, a raíz de una decisión judicial que determinó la culpabilidad de líderes políticos catalanes, en  un intento de desestabilización del estado español, a través de la declaración por vías ilegales  de la independencia de Cataluña, miles de manifestantes adeptos a esta idea, han llenado de zozobra las noches de la ciudad condal, incendiando las calles, quemando vehículos y amedrentando a quienes no piensan como ellos.

En este caso la respuesta tanto del gobierno regional de Cataluña como la del propio gobierno español, ha sido débil y confusa. En lo que respecta al presidente del gobierno catalán, este adepto a la causa independentista, en vez de condenar la violencia, lo que ha hecho es apoyarla e incluso participar de una de las tantas marchas que se llevaron a cabo. Por otro lado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, no ha tenido la determinación para aplicar la ley de seguridad ciudadana, algo similar a un estado de excepción.

Todo esto deja ver cómo, aquellos que toman posiciones convenientes y blandengues frente a estas verdaderas amenazas contra la ciudadanía en aras de preservar la paz, lo único que consiguen es que el caos y la incertidumbre, reinen en las calles.

El derecho a la protesta es, y deberá seguir siendo un derecho fundamental, aún así, este debería ser un derecho residual, sólo ejercible en caso tal de que el dialogo directo falle. No por restricción legal, sino porque el deber ser dentro de la sociedad es, ante todo, la convivencia pacífica y el dialogo permanente entre gremios, ciudadanía y Estado. En cualquier caso, acudir a las vías de hecho, tarde que temprano debe tener una respuesta en beneficio de aquellos que no comparten la protesta.