Cuentas claras
La sociedad colombiana recuerda, como en otrora, las campañas políticas se desarrollaban sin contar con el apoyo de los conglomerados económicos y de grupos al margen de la Ley, que comprometieran la imagen de los aspirantes a ocupar la presidencia, gobernaciones, alcaldías y las Corporaciones públicas. No existían los escándalos de hoy en día, que han permeado la imagen de algunos sectores políticos, que los tienen en la picota pública y que han sido salpicados por escándalos de corrupción. Además, en muchas ocasiones son los principales aportantes para contribuir con el alto costo de estas jornadas electorales, en que se han convertido actualmente.
A 69 días de la contienda electoral que se nos avecina, ha comenzado oficialmente el proceso electoral que concluirá el próximo 27 de octubre, cuando los colombianos elegirán autoridades locales. No podemos repetir las situaciones que se han venido presentando con algunos mandatarios, diputados y concejales elegidos en las justas de hace cuatro años, que en algunas situaciones han sido separados de sus cargos por el cometimiento de delitos contra la administración pública en el ejercicio de sus funciones.
Desafortunadamente han sido ineficaces para detectar a los funcionarios responsables de tales dolos. Es indispensable ejercer de manera efectiva, el control social y que la ciudadanía tenga acceso a la información pública nacional, como una herramienta fundamental para avanzar en el fortalecimiento de los niveles de transparencia en Colombia.
De nada, han tenido validez las reformas políticas propuestas por los gobiernos de turno para contrarrestar la penetración de dineros oscuros a las campañas. Se han convertido en perversos mecanismos, cada vez más arraigados que están convirtiendo a la democracia en lucrativas empresas del delito.
Igualmente, la intencionalidad estatal de cofinanciar las campañas políticas ha sido ineficiente, así se busque cerrar las puertas a todos aquellos que buscan cooptarlo y ponerlo al servicio de sus intereses particulares. Esta iniciativa gubernamental, como era de esperarse, ha generado diversas interpretaciones y debates en la opinión pública. Mientras unos la defendieron como una medida, cuyo carácter radical se justifica en que la corrupción esté desbordada, otros la consideraban que acabará siendo un caso más de remedio, peor que la enfermedad. La realidad es otra.
Consideramos que todos los aspirantes para participar en los comicios del domingo 27 de octubre del presente año, presenten a la opinión pública los ingresos y gastos detallados de cada una de las actividades que desarrollen. Además de entregarlas al Consejo Nacional Electoral, deben ser éticos y comprometidos con la decencia que debe enaltecer todo el proceso electoral que se nos avecina. Cuentas claras, candidatos.
