Crisis institucional
En una verdadera tormenta política se ha convertido la decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich a los Estados Unidos. Lo anterior desencadenó la renuncia irrevocable del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y de la Vicefiscal María Paulina Riveros, ante este fallo que se considera una afrenta y un desafío jurídico a la Constitución Política de la Nación. En su dictamen, le brindó la garantía de no extradición al ex miembro del Secretariado de las Farc y le ordenó a dicha dependencia, la libertad inmediata del exguerrillero.
Muchos sectores políticos han expresado que este fallo ha sacudido en lo más profundo la institucionalidad del país. El primer mandatario de los colombianos también manifestó su desacuerdo porque no la comparte, pero la acata y respalda la apelación de la Procuraduría. Por tal motivo la renuncia de los dos funcionarios del ente fiscalizador de la Nación ha generado una reacción gubernamental que condujo a la dimisión de la Ministra de Justicia Gloria María Borrero, que antes se había desempeñado como directora de la Corporación Excelencia a la Justicia. Fue reemplazada inmediatamente por la Jurista Margarita Cabello, quien fuera en otrora, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Como Fiscal encargado fue designado transitoriamente el abogado Fabio Espitia. Estos episodios han generado un rechazo en los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, quienes ha divulgado la prueba reina donde se compromete a este exguerrillero, quien supuestamente continuaba desarrollando las actividades de narcotráfico y que fue descubierto por agentes en cubierta de la DEA. Todos conocemos que todos los delincuentes que han sido extraditados anteriormente, nunca los Estados Unidos ha tenido que enviar las pruebas reinas a la Justicia colombiana. Solo lo conocen cuando los tribunales del Tío Sam, los coloca al descubierto durante los procesos que desarrollan en ese país.
Por eso es inaudito, que la JEP hubiera cuestionado de plano el no envío de las pruebas reina que involucraban a Santrich y que sirvió de soporte para negar su extradición. Todos conocemos el pavor que les tienen los narcoterroristas a la justicia estadounidense. Ésto se ha venido constituyendo en un arma potencial que tiene el gobierno nacional, para contrarrestar este actuar delictivo, que nos tiene en la picota pública ante los escenarios internacionales, de ser el mayor productor de cocaína a nivel mundial. Se espera que la JEP, replantee esta decisión ante la apelación de esta decisión judicial por parte de la Procuraduría General de la Nación. Es necesario rodear la institucionalidad colombiana y respaldar al gobierno nacional en estos momentos de crisis institucional que afecta la democracia del país.
