Covid 19 – Golpe de Gracia a la Justicia

Existen en toda organización social y en consecuencia en los Estados modernos, valores y conceptos fundamentales que constituyen servicios esenciales dirigidos a ofrecer y garantizar el bienestar colectivo.

Siendo todos ellos trascendentes, es evidente que la administración de justicia alcanza la máxima prioridad de cualquier sistema político, aùn de los que están por fuera de la democracia y de del Estado Social de Derecho.

“La justicia y la paz se besan” es una expresión usual en muchos textos bíblicos. “La justicia es el nuevo nombre de la paz” es otra afirmación reconocida en los ámbitos de la sociología política moderna. “Sin justicia es imposible derrotar la inequidad social” es una realidad que hoy es imposible desconocer. Cada una de tales afirmaciones refleja y reafirma la imperativa necesidad de que, para el ser humano, la justicia constituye una necesidad vital.

Existen muchas definiciones conceptuales al respecto. La màs simple de todas y quizá por ello, es la que mejor recoge el sentimiento ciudadano. “ Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde ”.

Todo este preámbulo y en coherencia con el título de la presente reflexión, tiene el principal propósito de llamar la atención acerca del colapso institucional que en nuestro sistema judicial esta generando la pandemia.

Venimos padeciendo la morosidad del sistema judicial en las ramas de la llamada jurisdicción ordinaria donde los procesos demoran entre 2 y 7 años en sus instancias normales, pero cuando llegan hasta las llamadas altas cortes, se prolongan por otros 4 o 5 años, en un calvario para el ciudadano que muchas veces fallece antes de conocer el resultado final de sus pretensiones de justicia. Y si se trata de la jurisdicción penal, la impunidad  alcanza niveles insoportables en donde el mejor abogado es “ el vencimiento de términos ” especialmente cuando corresponde a los llamados delitos de cuello blanco, pues al  lento funcionamiento del sistema acusatorio que administra la Fiscalìa, se suma la negligencia y morosidad de muchos de los jueces que finalmente deciden la suerte de los implicados.

La aberrante corrupción política y administrativa que tanta indignación genera en la ciudadanía, se enreda en el sistema penal vigente, adoptado por los políticos en el Congreso. Pasa luego por la infinidad de tràmites procesales durante la investigación en la Fiscalìa donde la capacidad técnica de la criminalidad adolece de serias deficiencias a las que se suma el llamado “ cartel de falsos testigos” y finalmente debe sortear las nefastas influencias del perverso “ cartel de la toga”.

Tan aberrante es la situación que hoy nadie discute la imperativa necesidad de una reforma estructural y radical del sistema judicial, asì como del sistema político y electoral, pues es evidente que aquèl es diseñado por èste, hecho que explica lo que viene ocurriendo al respecto.

Muchos de los servidores de la rama judicial son honestos y eficientes en el cumplimiento de sus sagrados deberes institucionales. Se quejan con razón de la falta de presupuesto suficiente para que haya màs Fiscales y Jueces y  modernice su funcionamiento. Pero también reconocen que es indispensable la reforma integral y estructural del sistema.

La implementación de Justicia y Paz prácticamente ya agotada y de la Jurisdicciòn Especial de Paz en pleno desarrollo, han incidido en la deslegitimación del sistema judicial penal, pues cada uno de ellos ha generado tratamientos diferenciados de la criminalidad para afianzar la paz, mientras que la violencia y el crimen siguen amenazando la convivencia pacìfica y la tranquilidad ciudadana. Ahora se anuncia, de nuevo, el sometimiento a la justicia, dirigido a los integrantes de las bandas criminales, olvidando que mientras no desaparezcan los factores que les motivan a delinquir como son el narcotráfico y la minería ilegal, nunca dejaràn de existir esas organizaciones criminales.

Con ocasión de la pandemia es evidente que la congestión, la morosidad y la impunidad que caracterizan el sistema judicial harán colapsarlo muy pronto, al punto que podría causarle el golpe de gracia que lo haría insostenible, pero con un precio muy alto para la estabilidad institucional de nuestro sistema democrático y del Estado Social de Derecho que nos rige. Y algunos bien conocidos juegan a estimular la anarquía y el caos.