Cortinas de humo

Esta expresión popular es usada con frecuencia para señalar que se desvía la atención sobre unos sucesos o acontecimientos generalmente reprochables, colocando otros que pretenden ocultar las consecuencias de los primeros.

Esto es precisamente lo que ocurre con la propuesta del gobierno de convocar un Referendo para la reforma del sistema judicial, el cual viene colapsando por los aberrantes hechos de corrupción que estamos presenciando en estos días; pues al momento de escribir esta columna de opinión se conoce la orden de captura proferida por la Fiscalía contra el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, quien deberá responder por la eventual imputación de cuatro delitos.

Nunca antes en la historia se habían sucedido hechos delictivos tan graves como los que involucran a los exmagistrados de dicha Corte como Ricaurte, Bustos y Tarquino; y contra el magistrado en ejercicio Malo Fernández;  presuntamente concertados para delinquir con los abogados Moreno y Pinilla, en relación con investigaciones adelantadas por la Sala Penal contra congresistas como Musa Besaile, el “ ñoño Elías”, Hernan Andrade, Alvaro Asthon y otros; así como contra el exsenador Luis Alfredo Ramos.

Es sin duda alguna el mayor escándalo de corrupción por tratarse de la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria que avergüenza a los colombianos ante el concierto internacional, el mismo escenario en el cual, el Presidente Santos se pavoneó orgulloso recientemente en la Asamblea de la ONU.

Vaya paradoja. Mientras ponderaba con creces el desarme de las Farc y anunciaba presuntuoso los alcances del Acuerdo Final; el sistema judicial Penal se empezaba a derrumbar como un castillo de naipes, quizás como un presagio o antesala de la impunidad consagrada en la Justicia Especial de Paz para la cúpula de los excombatientes por sus numerosos delitos de lesa humanidad, pretendiendo así eludir la competencia de la Corte Penal Internacional.

Es doloroso pero inevitable reconocerlo sin ambages. La codicia por el dinero y el poder ha corroído los resortes éticos y morales de los integrantes de las tres ramas del poder público, con contadas excepciones. Ni siquiera el Presidente Santos logra exonerarse, pues ya es un hecho cierto que a su campaña de reelección del 2014, ingresaron 9.000 millones de pesos provenientes de los sobornos de Odebrecht, según informa la revista Semana con fundamento en la declaración rendida ante la Fiscalía por el señor Gabriel Dumar, en entrevista radial en la doble W.

Ante este macabro escenario de corrupción el gobierno pretende desviar la atención con la propuesta de convocar el Referendo para reformar el sistema judicial. Ya tuvimos bastante con el episodio del proceso de paz que durante 5 años distrajo a la opinión, mientras la clase política, amplios sectores del sistema judicial y la pareja sentimental de las exministras Parody y Alvarez; así como otros personajes del alto gobierno; incurrían al parecer en delicados actos delictivos. Se afirma que al parecer dado que debe respetarse el principio constitucional de presunción de inocencia.

Como bien se sabe, el Referendo es uno de los mecanismos constitucionales de participación democrática a través del cual es posible, entre otros, reformar la Constitución.

Para ponerlo en práctica debe partirse de un temario específico sobre el cual habrá de pronunciarse el ciudadano, es decir, que la iniciativa partiría del ejecutivo y el legislativo; estando ambos poderes manchados por la sombra de la corrupción; razón por la cual, no disponen de autoridad ética y moral, ni  generan confianza y credibilidad, despertando además el temor de que se repita lo mismo que ocurrió con el plebiscito.

Por fortuna, existe la alternativa de una Asamblea Nacional Constituyente que reorganice de nuevo el esquema del Estado Social de Derecho para conjurar las fallas estructurales que aquejan al sistema democrático vigente.

Es necesario ser francos y no ocultar más la dolorosa realidad institucional que padecemos. La Carta del 91 ha tenido más de 25 reformas durante su corta vigencia y ahora pretenden agregarle 310 páginas del Acuerdo con las Farc. Es toda una locura institucional. A grandes males grandes remedios. No más mentiras ni cortinas de humo.