Corrupción con la paz
La sociedad colombiana nuevamente empieza a sentirse sorprendida por otro escándalo de corrupción que empezó a ventilarse dentro de los territorios de paz, de acuerdo con las denuncias que se esbozan en el primer informe que publicó la Plataforma digital “Monitor Ciudadano de la Corrupción, Transparencia por Colombia”. Allí se logra visualizar los datos estadísticos de este fenómeno en departamentos y municipios del país, con el objetivo de contextualizar sobre los hechos de este cáncer en los territorios de paz registrados por los medios de comunicación entre los años 2010 y 2016. Esta situación continúa siendo un problema grave dentro de la institucionalidad del país, que afecta ostensiblemente a toda la ciudadanía en general. Lo triste es que, en muchas regiones, le prestan poca atención a esta problemática, volviéndose una costumbre cotidiana dentro de las altas esferas del Estado. Esta organización tiene objetivos definidos a mediano plazo, para mapear la corrupción en la totalidad de los entes territoriales de Colombia. Sin embargo, dadas las condiciones coyunturales de la Nación, se han decidido priorizar la descripción de los hechos de corrupción en los territorios donde se han adelantado cuantiosas inversiones para restaurar y recuperar la armonía y la tranquilidad de las comunidades afectadas por el conflicto armado de más de cinco décadas.
Se tomó una muestra de 17 de los 32 departamentos, donde se han definido dichos territorios para adelantar esta política pública. La investigación se dividió en 27 Zonas Transitorias de Normalización incluyendo campamentos, analizando territorios que fueron implementados dentro del Acuerdo Renegociado de paz. Del mismo modo se examinaron 69 municipios que fueron incluidos por el Gobierno Nacional. Lo anterior permitió la recopilación de 187 supuestos hechos de corrupción, los cuales se manifestaron en los mismos; más del 60% de ellos se concentran en siete de los 17 departamentos analizados. Así mismo, se observó que La Guajira, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia concentran el mayor número de casos.
El análisis de datos obtenidos en los municipios, permitieron identificar hechos de corrupción de diferente tipo: al interior de la administración pública, relacionados con irregularidades y fraudes electorales, que involucran al sector privado y relacionados con vínculos y alianzas con actores armados, entre otros. En comparación con la corrupción administrativa que involucran en mayor proporción a las estructuras institucionales, como Gobernaciones y Alcaldías, estos casos mencionados son originados en irregularidades y fraudes en los procesos de contratación pública. Se evidencian anomalías como omisión de normas en la contratación pública, entre otros. Se espera que los Organismos de Control, empiecen las indagaciones preliminares con sus consecuentes investigaciones, para sancionar a los funcionarios que han tenido la responsabilidad de ordenar dichas inversiones. Desafortunadamente la credibilidad del poder público empieza a ser metástasis en la mente de los colombianos por estas circunstancias. Pero se ha venido incrementando la desconfianza de los ciudadanos en el manejo del erario, que ha permeado todo el accionar estatal.
