Controvertida designación

Una vez que fueron escogidos los Magistrados que tendrán la responsabilidad de aplicar la Justicia Especial de Paz, se empezaron a escuchar las más controvertidas expresiones, dentro de los sectores políticos y de la opinión pública nacional e internacional, sobre los nombres de los mismos, por los prejuzgamientos sobre el conflicto armado que han tenido, lo cual no constituyen una prenda de garantía, por las arraigadas posiciones que han tenido contra los militantes de movimiento Centro Democrático y específicamente  en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto ha generado una desconfianza generalizada porque se conforma un manto de duda sobre las decisiones futuras que se puedan emitir en los fallos en el marzo de esta justicia. Otro elemento de juicio que le coloca trabas a la rueda del devenir de la misma es que algunos miembros de esta institución recientemente creada son y han sido contratistas del actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Lo anterior va a generar, que en reiteradas ocasiones un masivo número de impedimentos, de los casos que tengan que ver con los sindicados de las fuerzas militares y de la dirigencia política afectos al anterior primer mandatario de los colombianos. Igualmente, esta polémica ha permeado las discusiones que se han suscitado alrededor de la misma, dentro del proceso de aprobación del reglamento general para la JEP. No parece fácil el camino que deberá recorrer el trámite de esta Ley en el Congreso de la República. Hasta el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se ha unido al cúmulo de críticas proferidas por los voceros del Centro Democrático y de Cambio Radical, lo cual ha colocado en serios apuros a este proyecto de Ley, apenas empezando el primer debate en la corporación legislativa. Ojalá se superen estos impases, porque se pueden colocar en serio riesgo la culminación de la fase de implementación del Acuerdo Renegociado de Paz, suscrito entre las Farc y el gobierno nacional. Hay necesidad de que las competencias de esta justicia, y de la jurisdicción ordinaria, queden debidamente bien delimitadas, para evitar tropiezos durante el proceso de juzgamiento. Consideramos que estas materias que aún no están claras en la ponencia o texto que será estudiado por senadores y representantes a la Cámara, para el primer debate, deberán ser aclaradas y definidas para evitar discrepancias sobre los fallos que se profieran. Igualmente, los recién nombrados magistrados de la JEP, que han tomado posiciones radicales con antelación a este proceso, debieran hacerse a un costado, para fortalecer la credibilidad de este proceso, porque da la impresión de que fueron designados por recomendaciones políticas de los grupos de izquierda y no por un proceso de selección transparente y de entrada, no generan confianza, ni garantías para la sociedad civil.