Consulta y elecciones regionales
La expectativa sobre la Consulta Anticorrupción quedó finalmente despejada. De conformidad con el preconteo publicado por la Registraduría no se alcanzó el umbral constitucional requerido pero comparecieron a las urnas cerca de 11 millones 600 mil ciudadanos. Ahora se espera el escrutinio nacional para establecer con precisión cual fue la participación ciudadana y si se alcanzó o no el umbral. La impugnación formulada por su principal promotora y vocera Claudia López tiene ese propósito, al tiempo que en las redes sociales se han conocido publicaciones que aseguran la ocurrencia de un monumental fraude. Ya veremos entonces cual será la información oficial y definitiva.
Independientemente de las cifras finales hay un hecho político trascendente. Hubo movilización ciudadana espontánea, libre y autónoma, que abre un nuevo espacio para la democracia de participación directa, al tiempo que se expresó con vigor un mensaje contundente a los políticos y funcionarios corruptos, así como a quienes administran el sistema judicial. La actividad política y el servicio público ya no podrán seguir siendo capturados por las mafias clientelistas y politiqueras que han desfalcado en forma vergonzosa el erario público.
Queda sin embargo un sabor agridulce. El Partido Verde, principal promotor de la Consulta; siendo partícipe activo del anterior gobierno pues uno de los suyos, el señor Alfonso Prada pasó de ser Director del Sena a Secretario General de la Presidencia, nunca defendió los derechos de numerosas comunidades a quienes se les negó la realización de Consultas Populares de iniciativa ciudadana, en relación con temas ambientales, los cuales les fueron negados con el argumento peregrino que no había recursos presupuestales para su financiación.
Tal argumento es a todas luces falso e irresponsable pues hubo 300 mil millones para la Consulta del Partido Liberal; recursos abundantes para las jornadas electorales de marzo, mayo y junio, así como 300 mil millones para la Consulta del domingo impulsada por los verdes. Esta realidad, aunada a otras circunstancias que fueron evidentes como el excesivo protagonismo de sus promotoras, le da veracidad a la presunción de que hubo oportunismo político en busca de la Alcaldía de Bogotá o a una eventual candidatura presidencial.
Cambiando de tercio es claro que el hecho político generado por la Consulta tendrá una alta incidencia en las próximas elecciones regionales. Para nuestro caso, el escándalo de los recientes sucesos judiciales como los de la alimentación escolar, el estadio de futbol, la captura de los 9 concejales y del Contralor y Personera de Neiva, entre otros; seguramente moverá los sentimientos de los electores hacia candidatos honestos, transparentes y con real vocación de servicio; alejados de las maquinarias politiqueras y clientelistas tradicionales que han abusado de los recursos públicos.
Sin embargo, es también indispensable que quienes aspiren a obtener el apoyo ciudadano, tengan claridad meridiana acerca de las reales necesidades y potencialidades de la región. Para ello es fundamental entender que el ordenamiento territorial, el uso del suelo, la protección y restauración de los recursos naturales, constituyen prioridades inaplazables; pues el desarrollo, el progreso y el bienestar colectivos no pueden seguir siendo promesas demagógicas y populistas. Para tal propósito existe un instrumento de política pública ineludible que tales aspirantes deberían conocer y socializar. Es la carta de navegación obligatoria para proyectar y ejecutar un verdadero Plan de Desarrollo fundamentado en la planeación estratégica. Se trata de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial vigente desde el 2015 pero que poco se conoce aún en los despachos oficiales.
