Consulta anticorrupción
La sociedad colombiana ha venido asumiendo paulatinamente un rechazo generalizado contra el actuar legislativo de los congresistas. Es tal el desgaste que se ha venido presentando al interior de los partidos políticos, porque algunos de sus integrantes han estado involucrados en los más grandes escándalos de corrupción que los tienen sumidos, en la más profunda crisis moral en la historia del país. Gracias a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos se pudieron detectar movimientos de los dineros, producto de los sobornos realizados por la empresa multinacional brasilera Odebrecht, a la campaña presidencial anterior y que han salpicado a varios parlamentarios del país. Sino hubiera sido así, seguramente los colombianos estaríamos desinformados de la entrega de recursos ilícitos para la financiación de las mismas. Ni los entes de control del Estado, conocían de estos aberrantes delitos criminales que se habían gestado al interior de las mismas. Cada día se están conociendo a través de los medios de comunicación, nuevos escándalos de corrupción donde se encuentran comprometidos altos funcionarios del Estado y congresistas, que han participado de manera directa e indirecta en estos sobornos para lucrarse personalmente.
Por este motivo un grupo de lideres empezaron a liderar un proceso para adelantar una consulta anticorrupción. Para ello, empezaron a recolectar firmas en las principales ciudades del país, para buscar el respaldo popular para los siguientes aspectos: Máximo tres periodos la instancia como congresista o cualquier otro cargo en corporaciones públicas, obligar a cualquier electo por votación popular a que hagan pública su declaración de bienes, rentas, patrimonios, pago de impuestos y conflicto de intereses, obligar a los congresistas a que le rindan cuentas a la ciudadanía, qué proponen, cómo votan, a dónde asisten, a qué van a los Ministerios; obligar al trámite del presupuesto público de alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional; acabar la mermelada; sancionados por corrupción no tendrán ningún tipo de beneficio carcelario; darle al Estado la facultad de que pueda cancelar unilateralmente los contratos con persona natural o jurídica que sean sancionados por corrupción, entre otros.
El día anterior, tras cinco meses de análisis, el Consejo Nacional Electoral le dio vía libre tras cumplir con el número de firmas requeridas. Un total de 3’092.138 firmas, de las 4,230.000 que se presentaron, fueron aprobadas por la Registraduría Nacional para la realización de la consulta anticorrupción. El mínimo requerido para seguir adelante con el proceso era de 1’762.080 firmas. Ahora debe recibir el visto bueno del Senado para ser convocada. Se requiere de una profunda revisión y de una reingeniería, porque se necesita garantizarles a todos los conciudadanos, que los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, no vuelvan a verse comprometidos en estas irregularidades, ni abusen de sus facultades, sobre todo, en el mejor momento que vive el país, cuando se ha iniciado formalmente la inserción a la civilidad colombiana de las Farc.
