Consecuencias sociales de la pandemia

Superada con creces la falsa disyuntiva demagógica y populista entre vida y economía, planteada entre otros, principalmente por la alcaldesa de Bogotá al comienzo de la tragedia causada por el COVID-19;  los diferentes gobiernos han empezado a flexibilizar la llamada cuarentena bajo estrictos protocolos que garanticen evitar la propagación de los contagios, al tiempo que se recupere gradualmente la actividad productiva.

Las inquietantes consecuencias en la salud humana han movilizado todos los esfuerzos de las diversas organizaciones científicas para obtener con la indispensable rapidez y probada eficacia, la vacuna que habrá de contener la pandemia y garantizar la inmunización de sus peligrosos efectos. Las diversas teorías o suposiciones acerca de su origen han sido motivo de amplia discusión en la comunidad científica, las cuales han generado inclusive, motivaciones ideológicas y políticas por haberse propagado inicialmente en la China comunista, pero también por sus letales efectos en las democracias de Europa y en los Estados Unidos.

Lo único cierto, en medio de tanta incertidumbre, es que antes de 18 meses sería prácticamente imposible disponer de la vacuna, a no ser que por la urgencia y el indiscutible valor económico y estratégico que implica la competencia por obtenerla, se logre dicho propósito antes de ese tiempo.

En relación con las evidentes consecuencias que para la economía causa la pandemia, bastaría solo con decir que ya se habla de un costo cercano al 10% del PIB mundial; la pérdida de millones de empleos; la quiebra de muchas empresas grandes, medianas y pequeñas; al punto que ya hay consenso en afirmar que estamos ad-portas de una recesión peor que la del año 29. Como botón de muestra, ya estamos viendo lo ocurrido con el desplome de las principales bolsas del mercado financiero y la brutal caída en los precios del petróleo.

No obstante, la mayor preocupación ante tales consecuencias, es sin duda alguna en el aspecto social, es decir, en la profundización de la pobreza, la inequidad y  el marginamiento; pues la gran mayoría de la población mundial verá desaparecer sus escasos recursos y especialmente sus oportunidades de trabajo digno y estable; mientras que los grandes capitalistas y empresarios del sector financiero recuperarán rápidamente sus pérdidas, precisamente por el modelo económico imperante, en el cual se privilegia el capital sobre la dignidad humana del trabajador.

En este escenario que estamos observando es indispensable la función social del Estado como regulador de la economía y de los fenómenos sociales. Por tal razón, se están movilizando ingentes recursos financieros para evitar la quiebra de las empresas y su consiguiente efecto en el empleo y en la productividad de bienes y servicios.

En nuestro caso, se declaró la emergencia constitucional que permitirá irrigar algo más de 30 billones de pesos en subsidios y ayudas representadas en mercados destinados a las familias más vulnerables. No obstante, ya se está comprobando, por desgracia, que tales ayudas se están convirtiendo en la gran oportunidad para los políticos de realizar el acostumbrado clientelismo y para algunos gobernadores y alcaldes, de aprovechar la gran bonanza de recursos para ejercitar las consabidas prácticas corruptas de la contratación.

La imperativa solidaridad social a la que estamos abocados no puede convertirse en la patente de corso para los funcionarios corruptos, con la indiferencia y pasividad ciudadana, pero menos aún con la complicidad de los organismos de control, a los que debemos exigirles resultados oportunos y concretos.

Por desgracia corremos el riesgo de que la pandemia del virus se nos convierta en la pandemia incontrolable de la catástrofe social.