Condiciones ineludibles para la paz
El artículo 22 de nuestra Carta Política expresamente señala que “ La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Derecho para la sociedad y un deber del Estado para garantizarlo.
En ambos casos no son aceptables las justificaciones ideológicas y políticas frente al expreso mandato constitucional. Sin embargo, es indispensable que entendamos éste concepto como la manera sana de convivencia, es decir, aceptando las diferencias sin renunciar a las convicciones.
Para ello es necesario distinguir la paz social de la paz espiritual que solamente viene de Cristo. La confusión entre una y otra conspira contra ambas, pues sin ésta última en el corazón de cada ser humano es imposible una convivencia sana, armónica y sin violencia.
Para alcanzar la paz social se requiere entonces que el Estado en sus diferentes organismos y entidades, es decir, las autoridades públicas; respeten los derechos ciudadanos; satisfagan en forma adecuada y oportuna los servicios esenciales a su cargo; y que sus decisiones estén inspiradas en el bien común.
Para conseguir la paz de Cristo es indispensable ser creyente, practicar su mensaje del amor y obedecer fielmente su palabra contenida en el evangelio.
Desde luego el expreso mandato constitucional se relaciona con el concepto de paz social dado que la propia Carta Política consagra la libertad religiosa propia de un Estado laico y no confesional.
A partir de ésta indiscutible diferencia es que se debe distinguir entre el perdón de los pecados, en el concepto religioso católico; el cual se otorga por el Sacerdote como ministro de la Misericordia divina; y la sanción penal que impone la sociedad a través de su sistema de justicia para los delincuentes que agreden la convivencia ciudadana y la paz política. Por eso se ha dicho con razón que la justicia es el camino hacia la paz.
La confusión generada por la propaganda oficial entre una y otra, terminó siendo, entre otros factores, un obstáculo para que la soberanía popular no aceptara los acuerdos durante el plebiscito. Es evidente que aún hoy persisten tales factores y por ello se explican las fuertes confrontaciones que polarizan la opinión ciudadana.
Los hechos más recientes permiten comprobar que la pretendida paz política derivada de los acuerdos con las Farc, adolece de varias falencias que es imperativo corregir. No obstante, existe un nudo gordiano que fue atado conscientemente entre las partes y aceptado por el Congreso y la Corte Constitucional, al elevar dicho AF a rango de norma constitucional imposible de modificar durante los próximos 12 años, decisión discutible desde el punto de vista de la legitimidad política que caracteriza a la Ley fundamental.
El reciente episodio de las objeciones del presidente Duque está demostrando, por una parte, que si hay aspectos de inconveniencia política que deben ser modificados o por lo menos aclarados; y por otra parte, que ese nudo gordiano terminó siendo una camisa de fuerza que pretende imponer una paz incompleta en la que el muy difícil lindero entre justicia y paz no quedó bien definido.
En éstas condiciones, la falta de legitimidad política de los acuerdos derivada del triunfo del NO en el plebiscito; seguirá siendo el factor determinante de ésta polarización política e ideológica que está alcanzando visos de extrema gravedad que amenazan la estabilidad institucional de la democracia.
Los hechos que están ocurriendo a nivel social aupados por la extrema izquierda con el fin de no permitir la tranquila gobernabilidad del presidente Duque, constituyen una innecesaria provocación que fatalmente podrá conducirnos a decisiones inevitables para conservar el orden público y social, tal como ya se están reclamando en ciertos sectores de la extrema derecha.
En éste escenario es evidente que no se están generando las ineludibles condiciones para obtener la paz política y social que todos anhelamos y merecemos.
