Condena internacional
La aplicación de la justicia en Colombia se encuentra en un estado crítico. Un alto número de casos de delitos de alto impacto, pasan al archivo por la causal de imposibilitar la identificación el sujeto activo de la conducta, sin que haya mediado un esfuerzo serio de investigación para el esclarecimiento de los hechos. En Colombia solo dos de cada diez casos de asesinato, se logran esclarecer y llevar a los responsables ante los jueces. Y nueve de cada diez asesinatos, quedan impunes. Inclusive el esfuerzo que hacen las autoridades policivas y militares para capturar a los delincuentes, que, con abnegación y entrega a sus instituciones; arriesgando sus vidas, observan con tristeza y desilusión, como días después son dejados en libertad, para que continúen su actuar delictivo. Este panorama no ha cambiado, ni las víctimas han tenido un verdadero acceso a la justicia con un verdadero sentido reparador.
La profesión insigne que contribuye al fortalecimiento de la democracia, se encuentra seriamente amenazada, porque el ejercicio de la misma se ha vuelto un peligro en Colombia, por las permanentes ataques a que se encuentra sometida, por algunos sectores sociales de presión, que han sido denunciados por algunos medios de comunicación hablados y escritos por sus actuaciones irregulares de corrupción administrativa en el desempeño de sus funciones o por sus abusos de autoridad que han puesto en entre dicho sus responsabilidades, como servidores públicos o que afectan sus intereses económicos y políticos. Tal es el caso del asesinato del periodista laboyano, Nelson Carvajal Carvajal. El comunicador fue asesinado a tiros en abril de 1998 en el municipio de Pitalito, cuando salía de una escuela primaria en la que laboraba con rumbo a la entonces emisora Radio Sur de RCN Radio, desde donde denunciaba casos de corrupción, lavado de activos y situaciones del conflicto armado.
Por este motivo, la Corte Interamericano de Derechos Humanos mediante sentencia judicial condenó al Estado Colombiano por el crimen de este comunicador. El Alto Tribunal encuentra que este homicidio se inscribe dentro de un contexto generalizado de impunidad, por los homicidios de periodistas que ocurrían en la época de los hechos del presente caso ocurrido en Colombia. Es indispensable que el Estado proteja la libertad de expresión, reflejada por los diferentes actores sociales que interactúan a través de la comunicación, que se convierten en el principal vehículo de comunicación de todos los acontecimientos, que ocurren diariamente en el devenir de la República con la sociedad colombiana.
