Complejidades y expectativas
La crítica situación de Venezuela que por fortuna evoluciona hacia el restablecimiento de las libertades democráticas debido a la concertada presión de la diplomacia liderada por Colombia, constituye sin duda un acierto del Presidente Duque, estimulado por la franca colaboración del gobierno norteamericano y la gran mayoría de países del hemisferio.
Las consecuencias del atentado terrorista del ELN en la Escuela General Santander, han colocado en la agenda nacional la intensa discusión acerca de la validez jurídica y la conveniencia política de cumplir o no el protocolo suscrito por el gobierno Santos con esa organización insurgente, como garantía para el desarrollo de las negociaciones de paz, conversaciones avaladas por Cuba-Noruega-Brasil y Chile como garantes y facilitadores.
De manera coetánea, la decisión irreversible del gobierno Duque en el sentido de no negociar bajo la presión y el chantaje de la violencia terrorista, así como su reiterada posición de no cumplir el protocolo y su consecuente exigencia al régimen cubano de entregar a los negociadores para someterlos a la justicia ordinaria, ha generado también tensiones políticas internas y diplomáticas especialmente con Cuba y Noruega, no obstante el contundente pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU recordando el deber de todos los países de luchar contra el terrorismo.
Se hace así evidente que tanto la política interna como de las relaciones internacionales de Colombia siguen girando en torno a Venezuela, el narcotráfico, y la lucha contra la violencia terrorista del ELN. Para completar este complejo escenario, viene ahora la decisión que deberá tomar la JEP en torno a la extradición de Santrich, sobretodo una vez conocida la información oficial en el sentido que el gobierno de Estados Unidos no remitió el material probatorio requerido por la Sala respectiva de esa jurisdicción especial de paz.
Por otra parte, la escalada de corrupción sigue su curso ascendente minando por completo la confianza ciudadana en las instituciones y generando el rechazo generalizado a los políticos. Además, las consecuencias del hueco fiscal y de la ley de financiamiento; el intenso verano en gran parte de la geografía nacional; el asesinato sistemático de los llamados líderes sociales; y la persistente inseguridad urbana; constituyen un mosaico de complejidades que concitan confusión e incertidumbre.
En medio de tan complejo panorama, el gobierno insiste en otorgar la mayor responsabilidad de la gobernabilidad política e institucional a los técnicos cargados de diplomas y provenientes del sector privado, pero con evidente escasez de experiencia en el manejo del sector público y sin compromiso alguno con los partidos que constituyen las mayorías del Congreso, desconociendo así a los partidos de gobierno.
La principal expectativa se centra entonces en observar si el Presidente Duque logrará, en éstas condiciones, conseguir el consenso político para concretar su propuesta del Gran Pacto por Colombia, estrategia indispensable para obtener las mayorías que le permitan la aprobación del Plan de Desarrollo y mejorar los niveles de gobernabilidad; o por el contrario, acrecentará la fuerte y agresiva oposición que, a su vez, escale aún más la polarización política e ideológica que viene causando tantos sinsabores.
Otra muy importante expectativa será saber si el Presidente Duque adoptará la enérgica decisión de destituir a su Ministra de Justicia, con motivo de su ridícula explicación acerca de justificar la no llegada al gobierno norteamericano, de la solicitud formal de remisión de las pruebas que hizo la JEP en el trascendente caso de Santrich. Es ridícula e inaceptable tal explicación conocida hoy, puesto que la correspondencia oficial diplomática no se tramita por la empresa anunciada sino a través de valija diplomática.
