Código del silencio

La columna de opinión, publicada recientemente por el Diario del Espectador “Una defensa del silencio” y escrito por la prestigiosa y destacada periodista Claudia Morales, ha desatado una controversia en la opinión pública, por la decisión personal de no revelar el nombre de la persona que la violó sexualmente en otrora, abusando de la posición directiva que tenía en el medio de comunicación donde laboraba. Narra cada momento que vivió durante el proceso de violencia sexual a que fue sometida, de manera infame y violenta, por este individuo irracional, cobarde y enfermo mental, que se aprovechó de su posición de mando para superar la voluntad de la comunicadora, solo con el ánimo de saciar sus instintos animales de satisfacerse sexualmente. Es respetable la posición que ha asumido la misma, de no difundir el nombre de este depravado sexual para encubrir la buena imagen de “hombre relevante en la vida nacional” como lo expresa en su escrito. Pero riñe con la tendencia moral de una sociedad que cada vez repudia y condena estos salvajes hechos que atentan contra la dignidad de la mujer.

Cuando se presenta un hecho criminal similar, inmediatamente todos los medios de comunicación focalizan su atención, para que las autoridades judiciales, tomen los correctivos del caso y que sean condenados drásticamente con las más altas tasas de cárcel como lo establece la normatividad penal vigente. La actitud valerosa de esta reconocida periodista, para expresar esta denuncia como víctima, contra su propio jefe, pero que no da a conocer su caso por ahora, para defender el derecho de las afectadas de abuso sexual, a guardar silencio. Hoy en día, las autoridades judiciales adelantan más de un millar de procesos sobre abuso sexual y violencia intrafamiliar. Inclusive las penas se han endurecido drásticamente para contrarrestar este flagelo, que corroe las buenas costumbres que deben prevalecer en las familias colombianas.

Por otro lado, recientemente la Corte Constitucional rechazó de plano la intencionalidad que tuvo la Corte Suprema de Justicia, que obligaría a los periodistas a revelar sus fuentes sobre las noticias obtenidas por los repudiables y odiosos escándalos de corrupción y de otros delitos criminales que cometen distintos actores de la sociedad y que se han venido difundiendo a través de los medios de comunicación durante los últimos años. La mayor preocupación que se generaba es porque se podía abrir la puerta, que obligaría a los integrantes de los medios de comunicación a divulgar sus fuentes de origen. Por tal motivo, la comunicadora está respaldada jurídicamente para guardar su silencio por este aleve hecho criminal a que fue sometida, pero se convierte en un mal mensaje para todas las mujeres que sufren o han sufrido este flagelo social. Hay que respetar la decisión de las víctimas de no denunciar, por la presión antiética a que sean sometidas.