Cobro coactivo

En todos los ambientes de la opinión pública, se empieza a presentar un rechazo generalizado por los innumerables casos de corrupción que se están presentando en esta región, sin que exista una respuesta fuerte y coherente por parte de los Organismos de Control, que empiezan a adelantar las indagaciones preliminares y cuando se encuentran hechos que reflejan un verdadero detrimento patrimonial, se inician los procesos de investigación contra los funcionarios responsables del manejo de la ordenación del gasto, pero que desafortunadamente los expedientes se mantienen estáticos en los anales de las dependencias judiciales. Mientras las comunidades observan con tristeza y con rabia, que muchas obras públicas se encuentran paralizadas, otras ya terminadas con sobrecostos y con una deficiente calidad de los materiales utilizados durante su construcción, enarbolan la bandera de la corrupción administrativa, sin que existan responsables por haber transgredido las normas de contratación pública.

A pesar de todo, hay que destacar la gestión de cobro coactivo realizado por el equipo que conforma la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Huila, durante el presente cuatrienio, quienes han entregado un balance satisfactorio, producto del accionar realizado por dicha entidad contra algunos servidores públicos, que por acción o por omisión han transgredido la normatividad relacionada con los delitos contra la administración pública. Se destaca la recuperación de más de $25 mil millones de pesos productos de acciones procesales que han significado que dichos recursos no se hayan perdido y que los responsables hayan devuelto los dineros que en su momento se otorgaron como anticipos a contrataciones estatales. Es indispensable destacar el trabajo articulado con los Comités de Veedurías públicas, y por parte de algunos ciudadanos preocupados por el riesgo de la pérdida de recursos. Este actuar del ejercicio del control social, permitió la realización de auditorías, donde se encontraron graves casos de detrimento patrimonial al interés público, que condujo a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Recordemos que esta región es considerada por la Organización Transparencia, como el tercer departamento más corrupto del país, de acuerdo con los informes de visibilidad que se realizaron a finales del año anterior. Aquí no se miden los hechos de corrupción, sino que se expresa el riesgo en el que se encuentran por su capacidad de entregar información pública, bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y su ejecución y la inoperancia de los controles a la gestión, tanto el control social como el control institucional, ya sean externos o internos.