Celulares y líderes sociales
Un país que ha perdido su rumbo, que no tiene una institucionalidad que cumpla los presupuestos constitucionales y legales, un país al garete sin proyección, sin futuro y sin posibilidades de reencontrar el camino hacia la autoridad y hacia ese sueño que cada día se diluye y se enrarece más, como lo es la PAZ, sigue generando controversias y nos precipita a la hecatombe total.
Ya lo había sostenido la mediocre actitud de quien fungía como Ministra del Interior, al sostener que el proceso de paz, era un proceso semifallido, frente a los comportamientos que desde el inicio de la actual gobernabilidad presidencial se ha pretendido cambiar, modificar y entorpecer el proceso de negociación y consolidación de los Acuerdos de la Habana, y quien pasa a ser designada a la Consejería de los Derechos Humanos, tiene un ingrediente aún más demoníaco y casi que absorbente frente a la realidad nacional, cuando las políticas institucionales en tal sentido, se cuestionan a nivel mundial por la ONU, como acaba de suceder en estos días con el informe sobre violación de los Derechos Humanos en Colombia.
Y de contera, en reemplazo en dicho Ministerio, otra mujer ha venido a sostener y se ha ratificado sin poder justificar sus bajos argumentos, que no se deben alarmar las comunidades colombianas, cuando la muerte por robo de celulares es superior e inmensamente más grande, frente a la muerte de líderes sociales.
Querer conjurar la desidia estatal de protección ciudadana, con ese proceso histórico que ha vivido el pueblo colombiano, solo es posible entenderlo, cuando se desconocen los movimientos sociales y la trascendencia del entorno en el que actualmente nos desenvolvemos. La sociedad colombiana ha vivido bajo el imperio de la impunidad, el crimen ha sido la constante, no solo el delito común, sino que se ha incrementado el delito de cuello blanco, y todo, bajo la égida de la corrupción, de la malversación de los recursos del Estado, y sobre todo, con la premisa de “tapen, tapen, tapen”, hasta pretender silenciar y ocultar el desmoronamiento integral del Estado, como el que estamos viviendo, con el apoyo inocultable del sistema judicial.
Hoy en día, seguimos replicando el agravante que dio lugar a la reforma procesal penal, e incluso de la estructura de la misma Fiscalía General de la Nación, cuando siguiendo las directrices del coloso del norte, se implementó la figura del sistema acusatorio y se estructuró todo un proceso de negociación del Estado con los delincuentes, hasta el punto de que esta cultura, ha terminado por desbarajustar por completo, la esencia de una política criminal que mal que bien, lentamente se adelantaba entre pocas condenas, muchas prescripciones y se adornaba el peso de la impunidad como un fenómeno de ausencia de capacidad del Estado, por encarar el delito como tal.
Los procesos garantistas, han sido tergiversados para proteger al delincuente, para proteger la violación de la ley, y generalmente, para que sigamos con índices de criminalidad tan grandes que superan fácilmente el 98% de los casos a los que la justicia se sustrae de su efectividad y quedan por completo en los anaqueles de la historia, como un registro histórico que nunca buscamos remediar.
La muerte de líderes sociales no puede tasarse con la criminalidad en general, es parte de un proceso aparte, donde la supuesta democracia se arropa con la arrogancia de la fuerza, para complacerse con los procedimientos que ya vienen desde adentro mismo de los procesos de gobernabilidad que mucho dolor y tragedia han causado en lo profundo de nuestra sociedad, como lo es el caso de los falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas que en complicidad con unos y otros, han sido el gran derrotero de nuestra seguridad ciudadana, de nuestros mecanismos protegidos por el Estado, para la seguridad privada o para agenciar, el imperio del más fuerte, no sobre el más débil, sino sobre el más indefenso.
