Castración química obligatoria para violadores de menores
Álvaro Hernán Prada
En Colombia hubo más de 4.000 denuncias por abuso sexual contra menores durante 2017 y 54.000 casos en los últimos años, de los cuales 8.000 son menores de 5 años según el ICBF. La Policía de Infancia y Adolescencia reportó que cada dos horas hay 10 abusos sexuales, de los cuales 7 son contra niños. Estudios oficiales han determinado que el 72% son menores de 10 años y el 81% son niñas. De ese porcentaje, el 41% fueron contra menores entre 10 y 14 años y los demás, entre los 0 y 10 años.
En el primer trimestre del año pasado, se registraron 779 casos en Bogotá, 513 en Antioquia, 353 en Valle del Cauca, 276 en Cundinamarca y 221 en Santander. En el Huila, hubo 85 casos en tres meses y, según medicina legal, los municipios con más registros son Neiva, Pitalito, La Plata, Isnos y San Agustín. Las veredas y corregimientos, son lugares donde los menores corren mayor riesgo por el aislamiento.
El caso de Yuliana Samboní, brutalmente torturada, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, estremeció al país y nos sacudió para recordar que los niños son objeto de derechos. En muchas ocasiones el abuso sexual viene acompañado de un seguimiento al menor por parte del agresor, que ejerce control con tortura física y psicológica.
En respuesta a estas atrocidades, decidí presentar un proyecto de ley para proteger a los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Consiste en aprobar la castración química obligatoria para violadores de menores, como sanción adicional a la pena carcelaria. Si el agresor es condenado a 25 años de prisión, deberá recibir la castración durante 25 años, cuando salga de la cárcel. Si es condenado a 50 años, tendrá que recibir el tratamiento durante 50 años más.
El método ha sido empleado en Estados Unidos, Indonesia, Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia y Corea del Sur. Se aplica por vía intravenosa un inhibidor sexual llamado Dietilestilbestrol, que reduce la líbido y evita la reincidencia. En muchos casos son los mismos agresores quienes solicitan el tratamiento para evitar nuevas tragedias.
Está comprobado que la pena privativa de la libertad no es suficiente, porque el violador sufre una aberración psicológica que le impide resocializarse. Por otro lado, no todos reciben una condena justa por el crimen y cuando recuperan la libertad, reinciden por haber estado reprimidos durante años. Por eso, debemos tomar medidas que ayuden a aliviar un poco más este problema que enfrenta nuestro país.
Los violadores de menores deben recibir castración química al salir de la cárcel. Nuestros niños tienen que ser protegidos y el Estado colombiano tiene la obligación de ser más eficaz en la lucha contra los abusos. Debemos impedir la repetición de estos comportamientos psicópatas.
Desde la Cámara de Representantes seguiremos dando la batalla por la familia, por los niños que son el futuro del país. Necesitamos reducir los casos de abuso hasta que desaparezcan y para eso es necesario sentar un precedente de justicia ejemplar.
