Caos institucional en Perú
La inestabilidad, las polémicas y las confrontaciones políticas, han venido marcando la vida democrática durante las últimas dos décadas en la vecina República de Perú. El acontecimiento sucedido por la decisión mayoritaria del Congreso de este país, que tomó para destituir de manera fulminante a su presidente Martín Vizcarra, a solo seis meses de las elecciones presidenciales, por incapacidad moral permanente. Sorprendida se encuentra la sociedad peruana, porque no se habían terminado los dos procesos que se le adelantaban al primer mandatario, cuando fue destituido por presuntos escándalos de corrupción que se le adelantaban desde hace seis años.
La moción de censura en su contra se adelantó en el legislativo peruano, de acuerdo a lo preceptuado por la Constitución Política, eran necesarios 87 votos para destituir al jefe de Estado. La votación final fue de 105 a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Tras un año y medio en el poder, luego de haber entrado a reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció frente a denuncias de corrupción, Martín Vizcarra maniobró estos meses en condiciones difíciles. Con un Congreso mayoritariamente adverso, logró sortear una primera moción de censura en septiembre tras la aparente contratación irregular de un amigo como consultor del Ministerio de Cultura.
La investigación que llevó a cabo la Fiscalía encontró que sí había aspectos de “connotación penal” que involucran al exjefe de Estado y a la exministra de Cultura. La última acusación se dio por un supuesto caso de corrupción, diez años atrás, cuando fue gobernador del departamento de Moquegua.
Lo que urge ahora es garantizar la integridad de las elecciones generales del 11 de abril y la posesión de un nuevo presidente. Su remplazo, Manuel Merino, tiene la magra legitimidad que dan los cinco mil votos con los cuales obtuvo su escaño y luego la presidencia del Legislativo, y el amparo legal de esta maniobra constitucional en la que quedó muy claro que lo que menos les importaba a quienes la impulsaron era la integridad moral del jefe de Estado. Esta decisión legislativa, ha desatado protestas sociales en algunas regiones de este país.
Ahora queda garantizar la integridad de las elecciones generales del 11 de abril y la posesión de un nuevo presidente el 28 de julio. Sin dilaciones, sin oscuras maniobras, porque es claro que la sociedad peruana no aguanta este derroche de politiquerías en un momento tan crítico. Un Congreso que funciona a espaldas de la realidad y al filo de la democracia no da confianza, y menos ahora, cuando el líder del Legislativo será el mismo del Ejecutivo, una peligrosa fórmula que va a contar con una ciudadanía vigilante que apoyaba, en su mayoría, a Vizcarra.
