Biodiversidad y deporte
Fatigados por la avalancha de noticias que diariamente nos agobian por los actos de corrupción en todos los niveles de la actividad política, de la administración pública y del sector de justicia; así como por la creciente polarización ideológica y política que se expresa en los medios informativos y las redes sociales; conviene hacer una refrescante pausa para observar otros aspectos de la vida nacional que, sin duda, constituyen esenciales soportes para la calidad de vida y la sana convivencia del hombre con la naturaleza.
Sin embargo, cuando se analizan y evalúan las respectivas políticas públicas que el Estado debe desarrollar para alcanzar tan nobles objetivos, es lamentable encontrar que la ineficiencia, la politiquería y la maldita corrupción son los principales obstáculos que lo impiden.
En relación con la política pública ambiental que tiene como norte irreemplazable, el garantizar la conservación y estabilidad de los recursos naturales y la enorme biodiversidad ecológica que caracteriza al territorio de la Nación, de la que el principal responsable son el Ministerio de Ambiente, sus organismos adscritos o vinculados; y las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales; los logros son cada vez más precarios y cuestionables, hecho que se demuestra con la proliferación de Consultas Populares locales que pretenden defender el territorio de la amenaza originada por la industria extractiva de minerales e hidrocarburos; la autonomía de las entidades territoriales para ordenar el territorio y el uso del suelo, pero sobre todo; reivindicar el ejercicio de la soberanía popular a través de los mecanismos de participación democrática.
Resulta curioso que en éste panorama la minería criminal, delictiva y arrasadora de recursos naturales, no ha tenido ni tiene aún la enérgica respuesta de tales entidades y organismos ambientales, ni en general, de las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir y controlar a los grupos armados ilegales que son sus principales actores y beneficiarios. Las cifras oficiales son abrumadoras sobre las enormes ganancias que éstos obtienen, muy similares a las que derivan del narcotráfico.
Por otra parte, en relación con la política pública del deporte, termina siendo inconcebible y por tanto injustificable que cuando el esfuerzo, la disciplina y los logros extraordinarios que han alcanzado nuestros deportistas colombianos en los diversos escenarios y torneos como el de los Juegos Olímpicos; ahora el gobierno nacional, sin vergüenza ni rubor alguno; recorte el presupuesto oficial para el deporte en el 65%, decisión que con justa razón ha despertado una ola de indignación en los laureados y reconocidos deportistas y en general del pueblo colombiano.
Tal indignación se acumula con el despilfarro y la corrupción que recientemente se conoció en el Tolima y el Chocó, con los fallidos escenarios para los Juegos Nacionales de 2015 donde literalmente se robaron más de CIEN MIL MILLONES DE PESOS.
En estas circunstancias, en las cuales la sociedad colombiana hace enormes esfuerzos por propiciar un clima de entendimiento, unidad, reconciliación y paz; por recuperar la confianza y la credibilidad en quienes administran los recursos públicos; por restablecer la fracturada institucionalidad de la débil democracia; en fin, en regresar a los valores y principios éticos y morales que garantizan la sana convivencia social; la destrucción complaciente de nuestra biodiversidad y el desamparo a nuestros deportistas, son amenazas y agresiones que desde las altas esferas del poder no siembran semillas de paz sino de eventuales resentimientos y seguras frustraciones.
Ojalá en la anunciada visita de su Santidad Francisco ejerza su indiscutible liderazgo ético, moral y social para que se pronuncie en forma enérgica y contundente sobre la responsabilidad de los gobernantes actuales y futuros con éstas dos políticas públicas.
