Aval constitucional

Nuevamente la Sala Plena Extraordinaria de la Corte Constitucional, definieron los alcances de los derechos políticos de los ex guerrilleros de las Farc, para que puedan participar en las próximas contiendas electorales. Los medios de comunicación han difundido que los aspirantes pertenecientes a organizaciones rebeldes, que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos que son competencia de la JEP, para que sean dirimidas y tratadas de acuerdo con su competencia y que hayan sido impuestas anteriormente por la justicia ordinaria o disciplinaria. Con ello se suspenden las inhabilidades de los mismos, para que puedan participar libremente en las próximas elecciones. A lo anterior se le suma, la afirmación del Secretario General de las Naciones Unidas, en su reciente visita a nuestro país: “Prohibir participación política de las Farc, no sería aceptado por la comunidad internacional”. Con ello se supera en parte, la gran polarización en que se encuentra sumida la opinión pública, frente a la conveniencia o no, de dejarlos participar democráticamente, hasta tanto, no se aclaren su actuar delictivo. Expresó también la preocupación de ese organismo, por la incertidumbre legal para las Farc por las demoras de la aprobación de Leyes en el Congreso.

Para tal efecto, se deben evitar las graves repercusiones para el proceso. A pesar de la oposición férrea que han expresado algunos sectores políticos, específicamente el Centro Democrático que lidera el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, Cambio Radical y un ala del Conservatismo, el proceso es considerado por la comunidad internacional, como el mecanismo expedito para poder consolidar por las vías institucionales, la paz anhelada por todos los colombianos, después de más de cinco décadas de violencia fratricida e irracional, que hemos tenido que soportar los colombianos. Ahora solo quedan dos semanas al Congreso de la República, que continúen las tortuosas deliberaciones del Acto legislativo que le da vida jurídica a la JEP, a través de la vía del Fast Track. Con este aval constitucional, se establece el camino expedito para que continúen con su proselitismo político en todo el país. Vale la pena apostarle a la paz, así lo han expresado diversos líderes gremiales y sectores políticos que respaldan esta iniciativa del gobierno nacional, quien, desde el inicio del primer mandato presidencial de Juan Manuel Santos Calderón, emprendió una aguerrida batalla contra los escépticos que no creen que este proceso de paz salga airoso. Ha sido un costo político muy alto, porque los sondeos de opinión no le han favorecido, por la posición gubernamental que ha tomado frente a algunos temas que se debatieron en la isla de los Castro, pero que son muy sensibles para la opinión nacional, dado la trayectoria violenta y narcoterrorista que ha tenido las Farc en este país.